Proponen omitir sentencia y manifestar pacíficamente
Exigir los derechos humanos, ciudadanos y constitucionales por encima de la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público” proponen sociólogos, abogados y expertos en derechos humanos consultados por Versión Final.
Para Gonzalo Himiob, abogado, profesor universitario y director del Foro Penal Venezolano, pese a que sobre la base de esta misma sentencia “pueden calificarme en desacato, creo que lo que se impone es acatar lo que está en la Constitución. No la sentencia que viola la Constitución”.
“El ciudadano común tiene que darse cuenta que frente a lo que diga o deje de decir el Tribunal Supremo de Justicia hay derechos que están reconocidos en nuestra Carta Magna y que son inalienables”.
Considera que el TSJ no puede, ni siquiera interpretando la Constitución, violar el texto supremo de la nación. “Lo que se impone es no tomar en cuenta las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son contra lo que dicta la Constitución, sino en última instancia, de manera pacífica, eso sí, obedecer lo que dice nuestra Carta Magna”.
Rafael Uzcátegui, sociólogo, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que desde esa organización han calificado como autócrata al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Y ese estilo de mando se va a consolidar en la medida en que no tenga respuesta de la ciudadanía mediante el ejercicio de los derechos que están en la Constitución”.
Andrés Gómez Gamboa, profesor en derechos humanos de la Universidad del Zulia, recomienda a la ciudadanía asumir una actitud de reivindicar, de exigir los derechos humanos.
Gómez estima que los ciudadanos tienen que reclamar y articularse como sociedad civil con los órganos de derechos humanos del concierto internacional. “La sociedad civil tiene la posibilidad de notificar a los órganos de la Organización de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las acciones de un Gobierno que nuevamente es un actor del poder público que menoscaba derechos”.
