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Órdenes de arresto buscarían desmovilizar a la oposición

A María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, el Gobierno la tiene en la mira desde hace rato.

En el 2014, salió ilesa, cuando junto al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López y Antonio Ledezma, líder de Alianza Bravo Pueblo, encabezó “La Salida”, movimiento que pretendía, mediante la resistencia, instaurar un nuevo sistema de gobierno en Venezuela. Desde entonces, López se encuentra tras las rejas en la cárcel militar de Ramo Verde y Ledezma, cumple casa por cárcel en su residencia.

Ese mismo año, fue destituida de su cargo como diputada a la Asamblea Nacional (AN), por el entonces presidente del Parlamento, el oficialista Diosdado Cabello, quien la acusó de violar la Constitución cuando aceptó ser representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció la situación polítca de Venezuela.

Hace seis días, en medio de las revueltas callejeras que se viven en el país, el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, culpó del asesinato de la joven tachirense, Paola Andreína Ramírez Gómez, de 23 años de edad a un presunto militante de Vente Venezuela, organización que lidera María Corina Machado. 

Pese a la ofensiva gubernamental, Machado ha mantenido su ataque frontal contra el Gobierno. El lunes 24 de abril, desde “El Gran Plantón Nacional”, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, declaró: “Venezuela unida se planta frente a la dictadura bajo un sólo grito: ‘fuera el dictador’”.

Unas siete horas más tarde, denunció en su cuenta Twitter que el Gobierno venezolano emitió una orden de aprehensión en su contra.

En la orden se indica que entre los motivos para la aprehensión figuran: Instigación para delinquir, intimidación pública, homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles, en grados de frustración y terrorismo.

Estrategia disuasiva

“Creo que forma parte de una estrategia para atacar a la dirigencia opositora, para intimidarlos. Cuando intimidas, son estrategias políticas, y no solamente inhabilitas a la acción de esa persona, sino que también desestimulas a que los eventuales seguidores o alguien que quiera asumir una actitud similar, lo hagan. Creo que todas esas son medidas disuasivas para que la gente no tome un camino de protestas”, opina el politólogo, Jorge Gandica.

Para María Alexandra Semprún, politólogo, catedrática de la URU y LUZ, el Gobierno está haciendo demostraciones de fuerza. “Está diciendo, no voy a aceptar que ustedes indiscriminadamente nos ataquen, organicen protestas. Está diciendo, tenemos un bajo límite de tolerancia”.

Ana María Osorio, investigadora en el área de marketing político, considera que el Gobierno necesita enviarle un discurso amenazante a la oposición, “en el cual empieces a recular con tus acciones”.

La experta advierte que el Gobierno a través del discurso amenazante, envía un mensaje claro: “si actúas, vas a ir a la cárcel”. “Entonces este mensaje más que para la dirigencia política, está transmitido como un doble discurso, hacia el ciudadano para que ejerza una autocensura y prefiera nos dalir y no participar por las consecuencias que le pueda generar”.

De acuerdo con la especialista, el mensaje presidencial, “es más al ciudadano que al dirigente”.

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