Magistrados nombrados por la AN llegan a Colombia para denunciar persecución
Cuatro magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrados por la Asamblea Nacional (AN) y cuya designación no fue reconocida por el Gobierno de Nicolás Maduro llegaron a Colombia para denunciar la persecución de la que son víctimas y la ruptura del hilo constitucional en el país.
"Lo que hicimos es un acto de protección para nosotros y para nuestra familia", dijo hoy por teléfono a Efe el magistrado Rafael Ortega, quien llegó el pasado 1 de agosto a Colombia "en calidad de desplazado".
Ortega fue uno de los 33 magistrados que tomaron juramento el pasado 21 de julio ante el presidente del Parlamento Julio Borges, para sustituir a los que considera "ilegítimos".
"No estamos pidiendo asilo", aclaró el jurista, quien agradeció el trato de las autoridades colombianas, a quienes han solicitado entrevistas para informarles de su condición.
También viajaron a Colombia los magistrados Gonzalo Olivero, Rubén Carillo, Gonzalo Álvarez y Pedro Troconis, quien ya salió del país.
En un procedimiento urgente en diciembre de 2015, el Parlamento venezolano, entonces controlado por el chavismo, designó a decenas de jueces justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara a la nueva mayoría.
Un día después de jurar el cargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al magistrado Ángel Zerpa, y luego Maduro anunció que los 33 juristas irán presos "uno por uno" y se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.
"Nosotros no hemos cometido ningún delito, el haber concursado, el haber llegado a ser magistrados de la República nos compromete más aún como los venezolanos", agregó Ortega, quien fue designado para la Sala Social.
Ortega lamentó que Zerpa permanezca recluido en la sede del Sebin en Caracas en un "baño con tres personas más".
El jurista calificó como una "mentira" las versiones de que huyeron del país, e indicó que presos no hacen nada.
Según dijo, los magistrados que están en Colombia, así como los que permanecen en Estados Unidos, Chile y Panamá están en "contacto permanente" y mantienen gestiones con distintos organismos para denunciar la situación en su país.
"En Venezuela hay una dictadura, porque se rompió el hilo constitucional. Hay una sola persona que gobierna y es un dictador, que se sepa que los cinco poderes (del Estado) están controlados por un grupito de personas", alertó.
El jurista dijo haber recibido llamadas con amenazas contra él y su familia, con la que debió cambiar en varias oportunidades de residencia.
"Ante ese despliegue de poder institucional que tiene el Gobierno y en resguardo de mi vida y mi núcleo familiar, tomé las previsiones para trasladarme hasta Colombia", agregó.
