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Ley de Producción Nacional busca reducir control del Gobierno

Una de las banderas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) durante la campaña electoral para las elecciones legislativas de diciembre de 2015, se concretó el pasado miércoles 30 de noviembre, día en el que fue aprobada la Ley de Producción Nacional. Con el instrumento legal se busca crear condiciones favorables para reactivar el aparato productivo nacional que se ha visto seriamente golpeado por las expropiaciones y los arduos controles impuestos por el Estado.

Carlos Paparoni, diputado impulsor del estamento, destacó que con esta ley se busca poner fin a la “crisis de la arepa” y rechazó que el Gobierno traiga de Colombia harina de maíz, para que se venda a Bs. 2.500, mientras que a la de producción nacional obliga a venderse a Bs. 190 y le paga a los productores de maíz a Bs. 6,00 el kilo, cuando producirlo cuesta Bs. 199.

Este instrumento legal, según el diputado Omar Barboza (UNT), abona el camino para orientar y definir políticas públicas que deriven en un plan nacional para impulsar la producción agrícola, industrial, turismo ciencia y tecnóloga y emprendimiento.

Entre los principales artículos de este instrumento se encuentra el número 5, que regula todo el proceso para realizar las expropiaciones: “El Estado debe garantizar y respetar el derecho de propiedad, que incluye el uso, goce, disfrute y disposición de los bienes por parte de su propietario. La expropiación solo podrá acordarse como medida extraordinaria, según lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. La ocupación temporal o previa de un bien cuya expropiación se pretenda, solo procederá cuando se cumpla estrictamente con lo dispuesto en la Ley de Expropiación”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Victor Maldonado, cuestiona este artículo, señalando que mientras exista la posibilidad de despojar a un empresario de sus bienes, no habrá posibilidades de inversión en el país. “Esta ley es un intento de convivir, hacer más ligero el socialismo del siglo 21. Yo diría que esta ley es una experiencia fallida y dolorosa”.

No obstante, en el instrumento se precisa que las confiscaciones de bienes solo se realizarán cuando éstos provengan de delitos que atenten contra del patrimonio público o de actividades vinculadas al tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Otro aspecto a destacar de este instrumento jurídico, es la facultad que asume el parlamento para auditar y hacer recomendaciones a las empresas confiscadas por el Estado o las privadas, y en caso de que no estén produciendo, se asuman correctivos para potenciarlas. “Con este proyecto vamos a revisar las empresas, para saber cuáles son las que no están produciendo y ponerlas a producir. Actualmente hay 1.200 empresas en manos del gobierno. La idea es que tengamos la capacidad de producir nuestros alimentos, medicinas y repuestos”.

Sobre el levantamiento del control cambiario y de precios, la Ley establece medidas transitorias para desmontar progresivamente la intervención gubernamental. Barboza explicó que una de las medidas es descongelar el costo de la divisas y que el Estado deje de fijar el valor. Para el tema de los precios se prevé otorgar un subsidio que beneficie a los ciudadanos.

Adicionalmente, con la entrada en vigencia de esta ley, y hasta por 10 diez años “estarán exentos de la obligación del pago del Impuesto Sobre La Renta los titulares de enriquecimientos provenientes de la explotación primaria de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, avícolas, porcinas, pesqueras o piscícolas”, como medida para incentivar la producción nacional.

Reactivación

El experto en temas de planificación y desarrollo, Leonardo Soto, indica que esta ley, desde el punto de vista jurídico, busca la reactivación del aparato productivo nacional. Sin embargo, a su juicio, para que este factor pueda materializarse, deben constituirse otros elementos, como políticas monetarias y cambiarias, asignación de créditos al sector industrial y a las medianas y pequeñas empresas.

“La ley se estableció como una vía para tratar de persuadir al Gobierno de que cambie su modelo económico, que dista de lo que es un aparato productivo funcional, porque está fundamentado en la nacionalización de empresas, control de precios, de tipo de cambio, entre otros, que ha generado inestabilidad productiva, pero aparentemente la propuesta cuenta con poca posibilidad de que se genere un efecto, porque para que se dé el cambio en su totalidad, debe existir una transformación filosófica gubernamental con relación al modelo económico que se implemente”, argumenta.

Efectivamente, se lee en el artículo 19 del proyecto, luego de una inspección realizada por una comisión encargada para ello y la determinación de la poca actividad productiva de empresas confiscadas por el Estado o que el mismo opere, se entregará la misma a un tercero para garantizar la eficiencia de la industria productiva. Asimismo, protege al empresario de expropiaciones o sanciones de esta índole, derogando lo estipulado en las leyes vigentes sobre este término.

También propone establecer mecanismos de unificación de criterios de control de precios, de los costos operativos en las empresas para que se dé una producción acorde al margen de rentabilidad que se establece en la misma ley de precios justos (30%), pero sincerando factores referidos al tema de los costos, y pretende dar prioridad a la facilitación de divisas a las empresas para importar materias primas e insumos en vez de los artículos terminados, con los fines de incentivar la producción nacional.

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