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Las firmas pendientes de la Sala Electoral

El referendo revocatorio, al menos en lo discursivo, avanza, y lo hace, según la opinión de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática pese a los obstáculos y las violaciones al reglamento electoral del propio Consejo Nacional Electoral. Se trata de un proceso impulsado por el combustible de la exigencia popular y el descontento que reina en torno del Socialismo del Siglo XXI y de su mandamás, el presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, el escenario tiene un obstáculo férreo que late en la víspera. El 22 de septiembre pasado, en paralelo al anuncio de las condiciones para la recolección del 20 por ciento de las firmas para revocar el mandato de Maduro, y en medio de la queja del liderazgo opositor, Jorge Rodríguez, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistió en que tampoco creía en la ejecución del revocatorio en 2017.

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“Ese revocatorio fue asesinado al nacer. En el proceso preliminar se cometieron eventos fraudulentos, se demostró que habían muertos firmando y cédulas falsas”, expresó con sarcasmo. Se refirió a las irregularidades que la Comisión para la Revisión de Firmas, que preside, encontró en las planillas del 1 % y que fueron denunciadas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“Nosotros estamos a la espera de que los tribunales de la República den respuesta a las más de 8.300 demandas que se han colocado”, dijo el alcalde de Libertador. Rodríguez recordó que en las firmas recolectadas por la oposición para activar un referendo presidencial aparecen 10.995 personas fallecidas firmando, 9.333 cédulas “inexistentes e inventadas”, más de 3.000 menores de edad y más de 1.300 personas inhabilitadas políticamente.

El viernes pasado Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, anunció una reunión de la MUD el próximo martes para referirse a la inminente sentencia del TSJ. “La sentencia que está cocinando el TSJ es un asesinato al referendo revocatorio antes de que se realice la recolección de 20 %”. Detalló que la sentencia diría que la afectación contaminaría todo el proceso y por ello debe suspenderse.

Un equipo de técnicos de la Mesa, encabezado por Roberto Picón, ofreció un diagnóstico el 11 de agosto pasado sobre las irregularidades denunciadas por el PSUV. Errores de transcripción, interpretación de datos u omisión a la hora de escribir en la planilla para recolectar el 1 % de firmas que habilitaron a la Mesa como solicitante del referendo serían los causantes del 97 % de los “muertos fi rmantes”. Al revisar la data que poseen sobre el proceso del 1 %, de los “10 mil muertos firmantes”, el 97 % son errores clasificados como omisión, transcripción y ambigüedad

A mediados de 2016, funcionarios del PSUV dejaron colar incluso la posibilidad de inhabilitar a la MUD como impulsora del proceso. “Ese escenario sería semejante a las políticas implantadas en dictaduras como Corea del Norte y Cuba. No existe en Venezuela y no será aceptado ni por un país que rechaza al gobierno en un 80 por ciento”, respondió entonces Jesús Torrealba, secretario general de la MUD.

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Discriminación ilegal Contrario a los señalamientos oficialistas, el politólogo Sergio Raffe considera que en la etapa inicial del revocatorio se activó una especie de “operación rebanada” que aplicó a las 1.957.779 firmas originales que fueron consignadas por la MUD. El resultado de la “limpieza” de firmas fue la anulación de 605.727 rúbricas, de las cuales 526.365 (86.8 %) fueron sacrificadas sin ninguna justificación técnica ni legal. Solo sobrevivieron 1.352.052 para ser validadas. El proceso, de acuerdo con el politólogo, no fue nada claro y pretende enturbiar las próximas fases.

Vicente Díaz, exrector del CNE, agrega que fue el gobierno el que impidió una mayor transparencia en el proceso de la validación de firmas, al habilitar en la primera fase del revocatorio 300 máquinas para 1.350.000 electores requeridos para que confirmaran su identidad, de las cuales 200 estaban escondidas.

La norma establecía taxativamente, según Díaz, que el CNE debería desplegar una infraestructura de validación en razón de una captahuella por cada mil validantes, dado que eran 1.350.000, correspondía haber desplegado 1.350 máquinas. “El CNE colocó solo 300 en todo el país”, dijo. 

La lectura de Vicente Díaz estima que la capacidad de validación se redujo a menos de la mitad, al punto de que solo llegaron a chequearse 409.393 fi rmas, lo que representa el 30.27 % del total. Es decir, la mayoría de los firmantes no pudo ejercer su derecho por la magnitud de las colas y el tiempo consumido.

Los especialistas cuestionan la imparcialidad de las rectoras Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Tania D´Amelio y Sandra Oblitas, pues la norma establecía un procedimiento de validación presencial y mediante la huella dactilar ante funcionarios del CNE de forma de constatar que los solicitantes existían, estaban habilitados y en efecto habían firmado la solicitud.

La directiva del poder electoral agregó un procedimiento de filtraje de las firmas no contemplado en la norma, que conllevó a la eliminación de más de 900 mil firmas, incluyendo las de connotados dirigentes opositores. “Eso sin que estos ciudadanos tuviesen el derecho a la defensa o por lo menos el derecho a conocer por qué ustedes habían invalidado su firma”, planteó Díaz. Ese procedimiento habría dejado a cientos de miles de electores en un estado de indefensión. Ninguno recibió ninguna información pormenorizada acerca de las razones que motivaron esas objeciones y la consiguiente invalidación de sus firmas.

En vísperas del proceso de recolección del 20 % de las firmas, el PSUV esgrime el fraude como sustento para que la Sala Constitucional borre el revocatorio como salida electoral de la crisis. La amenaza está cada vez más latente.

 

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