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“Las calles venezolanas se han convertido en un paredón”

Una, dos, tres descargas de perdigones y David Vallenilla cae muerto afuera de la base aérea La Carlota, de Caracas. Tenía 22 años. Un sargento adscrito a la Policía Aérea le disparó a quemarropa a través de la reja que divide a esa instalación militar de la calle, mientras David y otro grupo de jóvenes les lanzaban piedras durante la protesta del jueves.

Los proyectiles le perforaron un pulmón, el hígado y el corazón.

El uniformado usó “un arma no autorizada” para repeler la manifestación, reconoció Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, quien dijo que la base aérea estaba bajo “asedio” por parte de “fuerzas de choque” de la Mesa de la Unidad Democrática.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, solicitó la detención y destitución del general de brigada José Táriba Guillén, comandante de la base aérea La Carlota y del teniente coronel José Freita Gómez, comandante de la Policía Aérea para que enfrenten la justicia junto con los nueve sargentos involucrados en el asesinato de Vallenilla, que el activista calificó como “un fusilamiento”.

Ejecutado

Por supuesto que fue un fusilamiento, ese muchacho lo que estaba era lanzando piedras y pegando gritos”, concuerda Hernán Castillo, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar (USB) y magíster en seguridad y defensa del Estado.

“En el caso de la revolución cubana, a los opositores de Fidel Castro los fusilaban en un paredón; en el caso venezolano, el paredón son las calles. No solo Caracas: en Barquisimeto, el Táchira, Ciudad Bolívar, las calles venezolanas se han convertido en un paredón de fusilamiento”.

Al individualizar estos asesinatos castigando solamente al perpetrador, el ministro Reverol trata de evadir la responsabilidad que él mismo tiene sobre estos crímenes, pero como la Fuerza Armada es una institución organizada en una cadena de mandos, no puede librarse.

“Él es responsable, y mucho más en la estructura militar, porque ese no es un crimen civil, fue un crimen político-militar. En cualquier caso, no va a poder evitar asumir la responsabilidad porque los soldados, la tropa, lo que hacen es cumplir órdenes, y seguramente tenían órdenes de disparar a los jóvenes que estaban protestando allí. Por otro lado, trata de judicializar la protesta popular”.

Sobre la FNAB en su conjunto no puede recaer la responsabilidad de las muertes en las protestas, advierte Castillo, ya que se trata de una institución compleja y heterogénea, pero hay grupos que sí deben responder por sus crímenes: el alto mando.

El número 59

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano (FPV), destaca que la muerte de Vallenilla no es un caso aislado; al contrario, es el asesinato número 59, por arma de fuego, derivado de la protestas. Una cifra que entraña su gravedad y relevancia.

“No estamos hablando de un asesinato ordinario, sino que en conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, está enmarcado dentro de un patrón sistemático de agresiones a una población civil determinada. Eso conlleva a lo que se denomina como crímenes de lesa humanidad”.

La Fiscalía, por lo tanto, es el órgano que debe investigar este homicidio, que constituye una violación grave de los Derechos Humanos e implica situaciones jurídicas establecidas en el artículo 29 de la Constitución Bolivariana —las violaciones de Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios —, y es por ello que los fiscales militares no tienen jurisdicción para investigar y juzgar a los asesinos, añade Romero.

Y de acuerdo con el Estatuto de Roma, en lo referente a los delitos de lesa humanidad, no tienen que pagar por ellos los autores materiales únicamente, también los planificadores, promotores y encubridores.

“Y aquí vemos claramente que hay varios responsables: ¿quién les suministra las armas a esas personas?”.

Romero añade que para que un guardia nacional porte un arma de fuego durante una protesta, hay un memorando de por medio donde queda registrada la instalación militar de donde salió, el serial y la persona que la entrega.

El director del FPV denunció que pese a que Néstor Reverol tuitee que ya entregaron a los guardias y policías involucrados en asesinatos de opositores, esto no es cierto.

“Para la transparencia, debería enseñarse a la Fiscalía dónde se están entregando y ante quién. Si se están entregando ante los tribunales militares, es como pagarse y darse el vuelto. La costumbre ha sido resguardar a estos individuos, y allí encontramos una clara complicidad y encubrimiento”.

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