El diario plural del Zulia

La revolución en su laberinto

Poco antes del mediodía del viernes 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, paralizó al país con una declaración a contracorriente. “Sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional (...) Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respetando las diferencias”, expresó en el balance de gestión de 2017.

Con voz de equilibrista y mirada de aprobación colectiva en el despacho, rodeada de decenas de acólitos, Ortega Díaz se convirtió en una duda nacional por no seguir la línea de azúcar de la revolución al denunciar que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pulverizaban la inmunidad parlamentaria y anulaban las competencias del Parlamento, rompían el orden constitucional.

El recule del Gobierno y el TSJ generó una colisión en los hilos del poder. Jesús Castillo Molleda, politólogo, mantiene su escepticismo dos meses después del pronunciamiento. “Juan Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena de GNB”, expresó la Fiscal. Cinco testigos del crimen del estudiante soportarían su tesis.

Más allá de las declaraciones en favor de la actual Carta Magna y en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, además de los señalamientos por violación de los derechos humanos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el desplazamiento de funcionarios progobierno en las pesquisas de casos emblemáticos, Ortega Díaz no actúa. “La Fiscal, es evidente, está buscando una salida para ella y su familia, por lo que no debe sorprendernos que los próximos días se anuncie su jubilación. Está atrapada en su red”, acotó.

Si Luisa Ortega hubiese querido desde el 31 de marzo dar un mensaje real y firme, presentaba su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, a decir de Castillo Molleda. Las declaraciones de los funcionarios más cercanos a Nicolás Maduro dejan claro la búsqueda de una fórmula legal para cambiar la ficha y sucederla. “Hasta este momento la Fiscal y el Gobierno terminan negociando una salida menos ruidosa, pero que beneficia a ambas partes”, enfatiza Castillo Molleda.

Según el periodista Manuel Isidro Molina, el problema es que la Fiscal debe hablar menos y actuar más, con verticalidad y sin hacer parte de operaciones políticas de los bandos confrontados, PSUV-MUD.

Sus nexos me sugieren algunas suspicacias, comenzando por su padrino político José Vicente Rangel y su compañero de vida Germán Ferrer, diputado del PSUV por el estado Lara a la Asamblea Nacional”, explica.

Poderoso insumo

El pasado 28 de abril de 2017, el Diario The New York Times publicó un artículo titulado La violencia política acecha a Venezuela, tomando palabras de la Fiscal referentes a la situación que atraviesa el país, y a las decisiones por parte del TSJ, a propósito de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, que anulaba de facto a la AN. En el texto Ortega exaltó: “Es el resquebrajamiento del hilo constitucional”.

Elías Matta, diputado, considera que la Fiscal General sí da pasos muy importantes frente a la actual coyuntura que vive el país, la cual es una de las más graves que se atraviesa en los últimos años. Asegura que en el momento que ella tomó la decisión de denunciar el golpe constitucional en el país a través de la sentencia del TSJ, fijó una posición muy respetada, al igual que lo hizo con respecto a que se estaban presentando violación de derechos humanos, procedimientos para la detención de venezolanos. “Dignifica a la mujer venezolana que se haya pronunciado en defensa de la Constitución”.

Para la politóloga María Alexandra Semprún, resultan notorias las fisuras generadas por el rumbo “antidemocrático” asumido con velocidad de crucero por el Gobierno. A juicio de la académica, la situación de vida es tan dura que el desmarque es lo más lógico.

“Que la Fiscal empiece a reprochar comportamientos que no son correctos está bien”. Otro factor presente con la actuación de Ortega sería que al momento de cambiar el escenario en el país, ella daría a pensar que tiene una conducta netamente jurídica.

Sin doble cara

En palabras de María Chiquinquirá Parra, la Fiscal General toma una posición sustentada por la razón jurídica. Finalmente debe, como abogada y Fiscal, reconocer las violaciones que se hacen al debido proceso, al derecho a la defensa y todas las actuaciones impulsadas por tribunales militares sin tener estos competencia.

Los delitos de violación de derechos humanos no prescriben, explica Parra, por lo que Ortega Díaz actúa para recobrar la institucionalidad democrática.

“Evidentemente ella está marcando distancia con la posición que ha asumido el Gobierno, está cuidando sus espaldas de futuras intervenciones o acciones en su contra por estarse cometiendo los delitos de lesa humanidad actualmente en Venezuela”, reafirma.

En medio de tanta confusión social, odio, violencia y destrucción, refiere Molina en un artículo, el Ministerio Público debe actuar más y hablar menos, materializar actuaciones que impidan y castiguen las violaciones a la ley y la Constitución por parte de los actores políticos confrontados y polarizados irracionalmente.

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, es contundente en su apreciación: “La Fiscal es el riesgo más grande del Gobierno, el disparador de la implosión más importante y la mejor oportunidad de la oposición”.

 

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