La intimidación es el arma del Gobierno para crear lealtad

“Lo que es indigno es no apoyar a un Gobierno y trabajar en una institución gubernamental (…) Quien no apoye al Gobierno revolucionario y trabaje en una institución del Gobierno revolucionario es un indigno, esa es mi opinión”, expresó Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, con respecto a los empleados públicos que firmaron a favor de la activación del referendo revocatorio.

Éste tipo de comentarios se hacen cada vez más frecuentes por parte de los líderes oficialistas, que puestos bajo la lupa de la teoría política y tras un análisis de los últimos acontecimientos que involucran a funcionarios del Estado, se percibe que rayan en el acoso laboral.

El pasado 18 de mayo, 12 trabajadores de del Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta, Termozulia III, fueron detenidos presuntamente por saboteo, pero los representantes sindicales aclararon que los empleados, que se encontraban de guardia nocturna, habían notificado sobre una fuga en una de las válvulas de las maquinarias, hecho que generó descontento entre los superiores que decidieron desligarse de los hechos y culpabilizar a los trabajadores, afirmó Rubén Rosario, presidente del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Estado Zulia.

“Nosotros creemos que detrás de esto hay una manipulación mediática, que busca buscar culpables”, sentenció el sindicalista. Para Rosario es inaceptable que hayan apresado a sus compañeros de trabajo pero a los funcionarios de seguridad que “resguardan” las plantas no. “Los errores políticos se pagan”, aseveró el presidente de Sisbotiecsez.

Un empleo por un voto

Cinco funcionarios del Saime están detenidos, presuntamente por dejar salir del país de forma “irregular” al legislador zuliano Léster Toledo, el pasado miércoles 11 de mayo, cuando partió desde el aeropuerto La Chinita, en Maracaibo, así lo denunció él mismo desde su cuenta personal en Twitter “de manera irregular funcionarios del Sebin, encapuchados, irrumpieron en la oficina del Saime”, escribió.

Se conoció que uno de los cinco detenidos es el periodista Emiro Díaz Peña, quien se desempeña como Jefe de la Oficina del Saime, ubicada en el Aeropuerto de la Chinita. Mediante una nota de prensa el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), repudió la detención “abrupta” del comunicador social y exigió su liberación inmediata.

“El gremio periodístico zuliano aboga por una investigación transparente, sin salpicaduras politiqueras ni populistas, por un juicio justo y por el respeto al debido proceso de los ciudadanos involucrados en estos hechos, en especial pedimos por nuestro colega Emiro Díaz Peña”, se lee en parte del comunicado que fue firmado por la junta directiva del CNP Zulia, encabezada por Leonardo Pérez Álvarez, secretario general.

Efraín Rincón, politólogo, explicó que todas estas acciones tienen una explicación concreta, y no es más que el móvil del Gobierno para construir lealtades políticas o apoyos que de manera reiterada los favorezcan con el voto y generen legitimidad en el régimen. El también profesor titular de la Universidad del Zulia recalcó aparte del gasto social para beneficiar al pueblo con misiones, una de las vías que utiliza el proceso revolucionario para crear vínculos es la generación de fuentes de empleo a través de las instituciones del Estado.

“Por vez primera en Venezuela vemos que las nóminas del Gobierno son superiores a las de la empresa privada, cuando en el país desde siempre la empresa privada era la principal fuente de empleo”, acotó el analista político

Aclaró que esto se debe a las masivas expropiaciones a las que se enfrentó el sector privado, lo que motivó al cierre forzado de muchas empresas que pasaron a ser parte del Estado venezolano. “Se suponía que la administración pública era un mercado natural para el Gobierno”, todo el que trabajase en empresas gubernamentales debía votar a favor, apoyar en marchas o cualquier tipo de actividad en respaldo del régimen.

El punto es que el supuesto apoyo y lealtad de los trabajadores está sujeto a los beneficios laborales que se les presten y no a convicciones reales con el movimiento revolucionario. Rincón advirtió que cuando se observa que los empleados públicos firman abiertamente a favor de la oposición o de los mecanismos constitucionales para revocar al presidente, Nicolás Maduro, “se empieza a correr un rumor muy consistente de que importantes sectores de la administración pública no tienen miedo y eso significa resquebrajar el apoyo natural al régimen”.

“Si el Gobierno comienza a encarcelar, a silenciar a la administración pública hay un proceso de intimidación para volver a recoger el temor que se había arraigado y que prevalezca el apoyo y la lealtad de los trabajadores”, enfatizó el analista político. Aseguró que el mensaje que se envía al resto de los trabajadores es “no tienes derecho a protestar y si lo haces vas preso, mejor es que te calles”.

Según Rincón, el Gobierno pretende crear agradecimientos eternos cuando hace una labor que corresponde como gobernante.

“Cuando el régimen te da una vivienda debes estar altamente agradecido, hasta el final de los días”.

Precisó que lo mismo ocurre con los empleos, cuando se da más importancia a las ideologías a las que esté apegado el trabajador que a las verdaderas capacidades que tenga.

“La prioridad es que eres una ficha del Gobierno, que gracias a la misericordia del régimen estas trabajando, y estás obligado a ser leal con quien te da de comer”, subrayó. Pero la crisis llegó al sector público pues se exige lealtad pero no se cumplen con los beneficios.

La intimidación es acoso

Rafael Ramírez, abogado especialista en derecho laboral, reveló que cuando se tienen amenazas constantes de despido por tener ideologías adversas a los superiores es considerado acoso laboral.

“Es la posibilidad que tiene el jefe o la persona con más poder jerárquico de intimidar, acosar, presionar para generar una conducta en sus empleados” acotó.

El también diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, explicó que además se trata de casos de violación de derechos humanos por el hostigamiento al que son sometidos los trabajadores públicos que abiertamente muestran su tendencia política.

“Lo más importante es que ese tipo de coacción en este momento no funciona, todo el mundo perdió el miedo, porque el miedo real es que se te muera un familiar por falta de medicamentos”, concluyó.