Juicio a la "Lista Tascón" ante CIDH entra en etapa conclusiva

Este martes 14 de febrero, se llevó a cabo la audiencia pública del caso sobre la discriminación laboral ejercida por el Estado Venezolano a través de la conocida "lista Tascón”, cuyas agraviadas, resultaron ser Rocío San Miguel,  Magaly Chang y Thais Peña, quienes participaron en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 13 años después de haber sido despedidas de la administración Pública por "motivos políticos".

“Queda un largo camino por recorrer contra el apartheid político en Venezuela”, así lo expresó Rocío San Miguel, luego de participar en la audiencia pública realizada en San José Costa Rica.

Las denunciantes llegaron a la CIDH “con la convicción de obtener justicia, verdad y reparación”, dijo San Miguel.

Cabe resaltar que Chang, Peña y San Miguel trabajaron en el Consejo Nacional de Fronteras hasta marzo de 2004, cuando fueron despedidas al aplicarles los efectos de la llamada “Lista Tascón”, por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio presidencial del mandato, del entonces Presidente Hugo Chávez.

En la audiencia, los jueces conocieron el relato de la discriminación política en Venezuela y como ésta se ha convertido en una política de Estado, contra quienes son considerados opositores, disidentes y críticos.

“-Caso Emblema-“

Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), peticionaria también en este caso ante la Corte, señaló que el Estado venezolano es el primero, en el ámbito interamericano, que está siendo juzgado por discriminación política.

“Un Estado, que ha venido enarbolando la bandera de la inclusión, de pronto llegó a ser juzgado por un tribunal internacional por exclusión política”, dijo Bolívar. “Eso es lo que explica el empeño del Estado venezolano, en la audiencia, de disfrazar su responsabilidad”, acotó.

Bolívar, explicó que lo que se reclama no es que hayan existido las firmas, sino el uso que el Estado les dio, el cual trajo como consecuencia que las personas que firmaron, 13 años después, “estén inhabilitadas para ejercer cargos públicos en Venezuela”.

Asimismo, La Directora General de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ ), abogada Daniela Guerra en entrevista a Versión Final, sostuvo que la finalidad del proceso judicial instaurado contra el Estado venezolano por parte de la CIDH busca hacer un llamado de atención a la justicia venezolana.

A tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 23 consagra el principio de acatamiento a los tratados internacionales los cuales la nación ha suscrito y ratificado con dicho organismo internacional.

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno”, manifestó la jurista en alusión al precepto constitucional.

-Escenarios-

Por consiguiente, de resultar perdidoso el Estado, "lo que prosigue sería el resarcimiento a las víctimas en cuanto a derecho se refiere, así como la reparación del bien jurídico lesionado, asimismo, un cambio en la potestad de administrar justicia en la administración pública venezolana de acuerdo a las consideraciones que sancione la CIDH", destacó Guerra.

Igualmente, la defensora por los derechos humanos, manifestó que se espera con el fallo judicial que demás agraviados afectados por la referida lista, se sumen a esta solicitud en principio realizada por apenas tres personas, batalla que luego de una década se ha logrado emplazar al Estado venezolano a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Actualmente, el proceso judicial ha entrado en un plazo de espera hasta el 15 de marzo de 2017, en cuyo lapso, las partes deben presentar alegatos de fondo, para esperar finalmente la sentencia, la cual debería producirse a finales de 2017, estimó la defensa de las agraviadas.

Durante la audiencia, las víctimas estuvieron representadas por los abogados Héctor Faúndez Ledesma, Jesús Ollarves Irazábal, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Rodríguez y Marianna Romero, además, estuvieron acompañadas por Ligia Bolívar.

En representación del Estado venezolano estuvieron el agente Larry Devoe y el agente alterno Romer Pacheco.