IPYS: Medios se autocensuran mayormente en conflictos con autoridades del Gobierno

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) presentó la segunda edición de su reporte Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela, correspondiente a 2015. Bajo del título de Periodismo en arenas movedizas, este análisis construye una radiografía del ejercicio del periodismo, que abarcó 67% del territorio nacional, gracias al apoyo de la red de corresponsales de la organización.

La muestra seleccionada de manera aleatoria abarcó medios privados (73,13%), independientes (10,57%), estatales (8,81%) y comunitarios (7,49%), y se desplegó en 16 estados: Distrito Capital, Trujillo, Miranda, Lara, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Falcón, Bolívar, Portuguesa, Carabobo, Aragua, Mérida, Barinas y Apure. Los encuestados proponen un conjunto de normativas indispensables para garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela.

El estudio reveló que a lo largo de 2015, los 227 periodistas objeto de esta encuesta, admitieron haber sido indulgentes. Pensaron con detenimiento las consecuencias restrictivas que se podrían derivar de su función informativa sobre asuntos que son de interés público, al punto de bordear la autocensura.

La percepción coincidió en que, en Venezuela, dominan los obstáculos para el ejercicio pleno del periodismo como mecanismo de contraloría social. y que estas restricciones se manifiestan a través de presiones directas e indirectas que están bajo el mando de las fuerzas del Estado, de las instituciones privadas y civiles reconocidas, pero también por parte de grupos al margen de la ley.

Estas condiciones hacen que Venezuela esté frente a un escenario velado, bajo una espiral en la que la censura comienza a tejerse mediante constantes negativas de diversos sectores para informar sobre asuntos de interés público, se agudiza con diversas presiones sutiles e indirectas que derivan en la omisión informativa, y termina en la decisión voluntaria de los periodistas de guardar silencio.

37% de los participantes refirió que una de las razones por las que han preferido ser cautos, o guardar silencio, han sido las amenazas de acciones legales, que los podrían llevar a enfrentar procesos civiles o penales ante las instituciones estatales.

30% dijo que su decisión de autocensurarse obedecía a los procedimientos judiciales abiertos contra medios y periodistas.

21% dijo estar preocupado por la aplicación de las disposiciones sobre difamación e injuria, establecidas en leyes penales de Venezuela, y sobre las cuales se han agudizado las demandas contra periodistas y medios de comunicación en los últimos 3 años.

Otro rasgo que caracterizó el informe de IPYS Venezuela fue una tendencia de los periodistas de inhibirse de informar por temor a poner en riesgo a su fuente. Esto ocurrió incluso cuando los hechos eran comprobados y verificables. Las noticias se dejaban por fuera por temores íntimos y no por razones de falta de calidad, espacio o jerarquía.

La principal razón de los consultados para guardar silencio fue la necesidad de proteger a sus fuentes de información (26%) o para no afectar a un inocente (25%). Además de resguardar su propia seguridad, los periodistas también pensaron en evitar poner en alguna situación de riesgo a las personas o instituciones a las que consultan. Existe una consistencia en esta actuación de los periodistas al analizar las constantes presiones que se ejercen para que revelen de dónde provienen los datos que ellos manejan.

Aunque solo tres de las 227 personas consultadas admitieron abiertamente haber revelado sus fuentes de información, 15 prefirieron abstenerse de contestar.

20% se autocensuró por precaución ante amenazas y advertencias de sanciones ejercidas por funcionarios públicos, 20% lo hizo para evitar amenazas contra la seguridad o integridad física.

19% se inhibió como medida de cautela ante la aplicación de leyes que penalizan las actividades mediáticas.

Los participantes reconocieron algún grado de autocensura en todos los temas que abarcan los fundamentos de la cobertura social, política y económica del país. Así lo refleja 30% de ellos, que decidió, voluntariamente, no difundir informaciones relacionadas con las situaciones que los exponían  al riesgo de ser demandado. También, 19% dijo que tomaba esta decisión para resguardar los intereses de alguna de sus fuentes.

La autocensura, además, sirvió de escudo para evitar cubrir temas vinculados a hechos de violencia y criminalidad (19%); conflicto con autoridades de gobierno (18%); disputas con manifestantes violentos (17%); escasez de alimentos (15%), actividades relacionadas con el narcotráfico (14%), entre otros.
En todos los temas planteados hubo restricciones indebidas en las empresas mediáticas en mayor o menor grado: conflictos con autoridades del gobierno (35%); situaciones que expongan al medio o al periodista al riesgo de ser demandado (30%); escasez de alimentos e insumos (30%); intereses de una fuente que se quiere proteger (27%); hechos de violencia (23%); seguridad nacional (19%); intereses o puntos de vista de los anunciantes (18%); control cambiario (18%); conflictos con grupos de manifestantes violentos (15%); infancia (14%); moral pública (10%); tráfico y consumo de drogas (9%).

Incluso, estas medidas de censura interna que asumen las empresas de comunicación derivaron, a lo largo de 2015, en la prohibición que le giraron los dueños y directivos de medios a los periodistas con la finalidad de evitar cubrir una fuente en particular, según la percepción de37% de los encuestados.

Bajo estas órdenes se consolida una máxima dentro de las salas de redacción de los medios de comunicación: para el periodismo hay temas y personajes que no se pueden escrutar. Por lo menos, 36% de los periodistas aseguró que sus jefes le han prohibido nombrar a actores específicos.

22% de la población que conformó este estudio mostró su inquietud sobre las presiones internas para realizar réplicas o rectificaciones de informaciones, exhaustivamente corroboradas y verificadas, bajo los métodos que se practican en el periodismo. 29% de los periodistas indicó que en el medio de comunicación para el que laboran existe alguna instancia externa de control de contenidos informativos, con la capacidad de decidir cuáles contenidos se difunden y cuáles no.

Las órdenes oficiales
En esta investigación Periodismo en arenas movedizas, IPYS Venezuela reveló claros patrones de las órdenes oficiales que se giran desde las instituciones del Estado con la finalidad de infringir la autonomía editorial de los medios de comunicación. Ante estas presiones las empresas mediáticas asumen una actitud endeble y tímida.

Por las constantes amenazas y la necesidad de velar por sus intereses comerciales y políticos, los representantes de los medios ceden sus espacios. Así se alimenta la incertidumbre en relación del trabajo mediático como servicio público.

Hay presiones que ejercen las diversas fuerzas de poder sobre los medios de comunicación, que son tenues, pero hay otras imposiciones que sí se perciben, en tanto se ordenan en voz alta. 41% tuvo conocimiento de que el medio o la institución de comunicación para las que trabajaban, en ese momento, recibieron exhortaciones externas para evitar la publicación de determinada información. 30% supo de órdenes que formularon altos funcionarios del Estado para obligar al medio de comunicación a publicar boletines, notas de prensa e informaciones emitidas por organismos oficiales.

El Estado censor
El principal censor del país es el Estado. En 2015, los periodistas consultados en esta investigación tuvieron la percepción de que los poderes públicos emitieron órdenes expresas de censura, que afectaron la libertad de expresión y el derecho a la información.

Al igual que en 2014, como silenciador de la labor informativa, en el primer lugar se ubicó el poder ejecutivo (24%). Le siguió el poder legislativo (15%); el poder judicial (12%), el poder electoral (6%) y el poder moral (4%).

En la antesala de las elecciones parlamentarias, justamente, los periodistas consultados denunciaron las constantes restricciones que rodearon la fuente electoral en relación a las informaciones de interés público sobre las elecciones parlamentarias, que luego se celebraron el 6 de diciembre de 2015.

Más de la mitad de los encuestados, es decir 59%, denunciaron las negativas de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en distintos estados del país, para conceder entrevistas a los periodistas, de acuerdo a sus propias experiencias o la de algún compañero de trabajo.

El mutismo en los medios
Los medios de comunicación privados, independientes, estatales y comunitarios también censuraron informaciones de evidente interés público, sobre las condiciones de transparencia y gestión de calidad en las que ejercen su labor. Fue determinante la compra y venta de medios, así como los cambios en la gerencia, situaciones que debilitaron la independencia y autonomía informativa dentro de los propios medios de comunicación.

Así que 35% de los 227 que participaron en esta investigación desconoce quiénes son los propietarios de los medios para los que trabajan. Así se interpretó esta respuesta al analizar que 28% dijo que no los conocía y 7% prefirió abstenerse de responder.

De igual modo, entre los principales obstáculos para el ejercicio periodístico apareció el cambio de propiedad y gestión del medio de comunicación donde laboran los encuestados, según la percepción de 21% de la muestra.

Impunidad y riesgos
La impunidad y los riesgos de los periodistas también son cruciales de acuerdo a los resultados del estudio. Al analizar los resultados completos de acceso a la información pública, IPYS Venezuela determinó que no existe en el país un sector –ni estatal ni privado– que cumpla completamente con el principio de máxima divulgación que sustenta el derecho de todos los ciudadanos a saber.

Esta es una de las razones que explican las principales inquietudes de los periodistas sobre su oficio. Por lo menos, durante 2015, 72% vio con preocupación el cierre de las fuentes de información pública, tanto del Estado como las privadas.

Este obstáculo prevalece por encima de los temores por las agresiones de calle (59%); las violaciones de los cuerpos de seguridad del Estado (49%); el temor a demandas penales por difamación e injuria (40%), y las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos en Internet (35%). La impunidad desestimula la denuncia y le abre las ventanas a las violaciones a la libertad de expresión. Esto ocurre porque no hay investigación, sanciones, protección ni prevención.

Los resultados demuestran que los periodistas fueron afectados por diversas violaciones a la libertad de expresión, en su ejercicio periodístico. Así lo reflejaron, a modo personal, a lo largo de esta consulta.

Sin embargo, la mayoría de estos hechos no trascienden ante el sistema de justicia de Venezuela, porque el primer paso, que es formalizar la denuncia, no ocurrió, según 61% de los encuestados. Esto sucedió, en parte, por el desinterés y la falta de voluntad de los periodistas, debido a que consideraron que no van encontrar una resolución adecuada a sus problemas, ante las correspondientes instituciones del Estado. Solo 11% de los afectados denunció en todas las oportunidades que le ocurrieron sucesos de este tipo ante los organismos de justicia correspondientes. Otros prefirieron hacerlo solo en algunas oportunidades (12%).

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Preocupa que se hayan tomado acciones al margen de la ley para resolver los conflictos. Al menos 22% reconoció que utilizó vías no convencionales para solventar la situaciones irregulares que comprometieron su ejercicio periodístico. Este comportamiento ha sido sistemático, desde 2014, cuando ya IPYS Venezuela alertaba sobre este fenómeno.