El diario plural del Zulia

Introducen demanda contra la AN por "usurpación de funciones" ante el TSJ

El consultor jurídico de la Presidencia de la República, Elvis Amoroso, informó que este viernes introdujo una demanda contra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) por presunta usurpación de las funciones del Ejecutivo, encabezado por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

Durante un contacto telefónico con VTV, denunció las "violaciones" del Parlamento nacional, al pedir intervención de organismos internacionales para que opinen sobre Venezuela, "habiendo un Gobierno plenamente establecido, por elección popular y que estará hasta que culmine su mandato".

Amoroso, acompañado del Procurador General de la República, explicó que acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de entregarle a este una "solicitud de amparo" para que esta institución se pronuncie ante los intentos de la AN de "inmiscuirse" en los asuntos del Mandatario nacional.

"Hemos venido aquí a introducir una solicitud de amparo, para que el TSJ en sus competencias como organismo judicial, tome las medidas necesarias contra la AN, de mayoría opositora circunstancial, quien a través de su Junta Directiva ha tratado de generar un golpe de Estado y derrocar al Gobierno, además de malponer a los venezolanos en el exterior (...) con la única pretensión de llegar al poder".

El Consultor Jurídico, reiteró su rechazo a las "violaciones constantes" de la Asamblea Nacional en querer administrar la agenda pública y los recursos del Estado venezolano, al tiempo que recordó que los convenios y tratados internacionales le corresponden es al presidente Maduro y no al Parlamento, ni a su Junta Directiva, ni a su presidente, Henry Ramos Allup.

"Es inaceptable que organismos como la OEA-Organización de Estados Americanos-, la ONU- Organización de Naciones Unidas- y la Unión Europea (UE) reciba a estos señores que usurpan el precepto constitucional e internacional que le compete a Maduro".

De la misma forma, Amoroso, denunció que la oposición "boicotea" las acciones sociales del Gobierno como la entrega de viviendas y distribución de alimentos; además de "violar el derecho constitucional" de los venezolanos al proponer la Ley de Amnistía con la que se busca liberar a "delincuentes".

 

 

 

 

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