Informe Casla afirma que Maduro mantiene el espionaje y la persecución contra militares y opositores
La tortura de opositores al gobierno de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, afirmó este miércoles en Washington el Instituto Casla, que denuncia un país en el que "todos son sospechosos", incluidos los altos funcionarios.
El sistema de espionaje está orquestado desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y tiene en su cima, como máximo responsable de la vigilancia y la persecución, al presidente Nicolás Maduro, según el informe del instituto, que dirige la abogada defensora de Derechos Humanos, Tamara Sujú.
Al menos 54 personas fueron sometidas a tortura física y/o psicológica en 2022, asegura el Casla, que documenta 19 casos, con una o más víctimas, a lo largo del año en el informe "La represión sistemática en la sombra", presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Algunas "fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables", afirma, citando, entre otros, "el desprendimiento de uñas", "la extracción con alicates o ruptura de piezas dentales", cortaduras con navajas, descargas eléctricas o simulacros de ejecución, reseñó la agencia AFP.
En algunos casos las víctimas "identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la Dgcim entregaba por tiempo determinado simulando una venta de rehenes" y otras "a agentes cubanos".
"En Venezuela los crímenes no se han parado, continúan de forma silente ante la opinión pública internacional que aparentemente cree que Maduro ha cambiado y que ahora es más amable; no, es más criminal", acusa la directora de Casla, Tamara Sujú.
En su sexto informe, Casla afirma haber conseguido de forma confidencial el "Manual de operaciones especiales de la Dgcim", conocido como "La Constitución" entre los funcionarios de este organismo de inteligencia.
En él figuran "niveles de aprobación de las principales medidas" de la Dgcim, es decir "describe cómo se reparte el gobierno la responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas" según "la importancia" de las personas.
El primer nivel corresponde al presidente Nicolás Maduro, que se encargaría de "los casos donde puedan comprometerse las relaciones internacionales" y de "cualquier medida" aplicable a generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional, de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partidos opositores, gobernadores, alcaldes, y diputados, así como sus familiares, detalla el informe.
