Es inconstitucional no enviar el presupuesto 2017 a la AN

Desde hace unos meses el presidente Nicolás Maduro expresó ante los medios de comunicación que el presupuesto de la nación no pasaría por la Asamblea Nacional y el pasado jueves 29 de septiembre terminó de confirmar que sería llevado a consulta, pero en el Congreso de la Patria.

“Vamos todo el mes de octubre con crítica y autocrítica, junto a la participación de pueblo, rectificación y mucha comuna, consejo comunal y la ampliación de las fuerzas sociales”, dijo Maduro a través de la pantalla del canal del Estado.

Juristas aseguran que con esta acción el presidente se pone de espaldas a marco legal venezolano.

El abogado constitucional, José Vicente Haro, explica que no enviar el presupuesto para que sea debatido por el Poder Legislativo es una situación bastante irregular que pasa por alto cuatro artículos fundamentales de la carta magna, como es el caso del  187, en su cuarto y sexto numeral que claramente expresa que esa competencia no debe ser despojada a la AN bajo ninguna circunstancia: “Corresponde a la Asamblea Nacional: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”.

Sin embargo, Haro va más allá de lo constitucional y explica uno de los peligros de que el Gobierno tenga carta abierta para tomar decisiones sobre el presupuesto y “es que la crisis económica se agrave enormemente debido a la posibilidad que tiene el Gobierno que se siga endeudando sin control”.

En este sentido agrega: “Hipoteca el futuro de los ciudadanos. Desde el punto de vista constitucional querer gobernar sin la Asamblea Nacional y bajo un Estado de Excepción consolida una dictadura constitucional”.

Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, agrega “eso es una idea que está solamente en la cabeza del Presidente. No existe ninguna institución paralela al Parlamento, el único poder legítimo que cuenta con la aprobación del pueblo; por eso, vemos a un Gobierno que se ha refugiado en la Sala Constitucional erguiéndose como una arma para paralizar la acción de una AN electa por el pueblo”.

Más violaciones

Que el presupuesto no pase por la Asamblea Nacional también tiene implicaciones en los artículos 311, 222 y 151. El primero hace mención a que la gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de e ciencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables; el segundo “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento”; y el tercero, “En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes”.

Por esta situación, la profesora de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), María Verdeal, considera que el Gobierno da nuevamente la espalda al estado de derecho debido a que se pierde la gura de contraloría previa y tampoco se podrían modificar las partidas presupuestarias.

“Lo ideal sería que cada poder ejerciera sus funciones con autonomía para poder cumplir con su atribución de control previo así como posterior en la asignación de recursos”, señala la académica.

Constitución engendrada

El decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, Humberto Njaim, afirma que con estas acciones el Gobierno ya no actúa bajo la Constitución aprobada en el año 1999 si no con “una nueva Constitución” engendrada por el Poder Ejecutivo que presenta acciones con apariencia de legalidad”.

Considera que la Asamblea, aunque quede reducida a un foro político, debe continuar siendo un escenario donde se hagan críticas y se desarrollen discusiones de interés nacional. “Es una vitrina para que la comunidad internacional vea lo que pasa en Venezuela. Ahora mismo el Gobierno no estará en buena forma”, asegura.

Unidad en contra

José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas, afirma que el Legislativo tiene la disposición de recibir el presupuesto, revisarlo y sancionarlo, y que al hacer lo contrario, quien se coloca de frente a la ilegalidad es el Gobierno.

“Es ilegal que el presupuesto no solo sea presentando sino además aprobado fuera del parlamento, cuando lo estipulado es que el Presidente de la República –cada 15 de octubre– remita la Ley de Presupuesto a la AN para que ésta le dé el visto bueno”, expresó.