Hermana de militar detenido por “conspirar” en 2017 denuncia que no recibe atención médica
El militar Luis de la Sotta, considerado como preso político por varias organizaciones, no ha recibido atención médica, pese a que "tiene su función renal comprometida" y "está orinando sangre", denunció este martes su hermana Molly de la Sota.
"Luis de la Sotta está orinando sangre, tiene su función renal comprometida, pues durante más de 2 años la (Dirección General de Contrainteligencia Militar) Dgcim le niega atención médica por su hipertensión", escribió su hermana en Twitter.
Frente a esta situación, reclamó que una comisión de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acompañe a su madre a "exigir respuestas y proteger su vida".
De la Sotta, militar de la Armada, fue detenido y acusado dentro de un supuesto caso de conspiración en 2017.
En julio de 2019, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, denunció la "desaparición forzosa" de cuatro personas consideradas "presos políticos", uno de los cuales era el militar, que también tiene nacionalidad peruana.
Su hermana hizo responsable hoy de la salud del uniformado a varios militares y civiles, entre ellos al general Edgar Rojas Borges, "presidente de la corte marcial, quien lo mantiene preso sin juicio por casi tres años y no responde a las solicitudes de atención médica" y, este mismo martes, "no envió orden de traslado médico".
Del mismo modo, responsabilizó al "juez Leonard Pernía Pereira, del tribunal militar primero de control", quien, según aseguró la hermana del soldado, "está a cargo de la causa de Luis de la Sotta".
Dicho juez, subrayó, "no responde a las denuncias de violación de derechos humanos ni a solicitudes de atención médica", además de impedir al abogado de De la Sotta "acceso al expediente", con lo que, a su juicio, "viola el derecho a la defensa".
Finalmente, responsabilizó al coronel José Brito Hernández, "encargado de la custodia" de su hermano, quien, considera que es "responsable por su salud y su integridad física y mental".
"No permite llamadas telefónicas ni autoriza traslado médico", denunció Molly de la Sotta.
