Gobierno asegura que "siempre" ha garantizado la protección a los DD.HH. de reclusos

Luego de tres días de la dantesca muerte de 68 personas en el Comandancia General de la Policía de Carabobo por un presunto incendio, el Gobierno nacional exhortó al Ministerio Público (MP) realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas que desencadenaron este evento, uno de los más graves que han ocurrido en las cárceles venezolanas desde el 2011, y encontrar a los responsables.

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo aseguró estar comprometido "con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas, como ha sido siempre, y a las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como estado democrático y social, de Derecho y de Justicia".

Agregó que continuará aplicando las medidas "pertinentes para asegurar condiciones de detención ajustadas a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos".

Reiteró que junto a la gobernación del estado Carabobo, conformarán un equipo para atender a las familias de cada una de las víctimas y a las decenas de heridos que resultaron también del hecho. "De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", reza el texto.

Asimismo, el régimen del presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones "apresuradas" emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en relación a lo ocurrido en los calabozos de PoliCarabobo, "por fijar públicamente su posición tendenciosa sobre Venezuela, de manera prejuiciada y sin requerir información oficial al Estado venezolano".

Comentó que el pronunciamiento de la ONU "constituye una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos".

A continuación el comunicado íntegro:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, frente a los trágicos sucesos acaecidos en un centro de detención de la Policía del estado Carabobo, el pasado miércoles 28 de marzo de 2018, hace llegar sus sentidas palabras de condolencia a los familiares y allegados de cada una de las personas fallecidas en este lamentable hecho, a la vez de solicitar al Ministerio Público, el inicio de una investigación para la búsqueda de la verdad, a los fines de determinar las causas que provocaron este doloroso evento, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia.

Del mismo modo, junto a las autoridades del gobierno regional del estado Carabobo, hemos conformado un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas, así como la atención a las personas que resultaron lesionadas en el mencionado comando policial. De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, rechaza categóricamente las precipitadas y desproporcionales declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la cuales procede a fijar públicamente su posición tendenciosa sobre Venezuela, de manera prejuiciada y sin requerir información oficial al Estado venezolano sobre lo ocurrido en el centro de detención de la Policía del estado Carabobo; lo que constituye una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso, con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas, como ha sido siempre, y a las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, en virtud de lo cual continuará adoptando las medidas pertinentes para asegurar condiciones de detención ajustadas a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Caracas, 29 de marzo de 2018.