Focos de bachaqueo y reventa son inmunes a decomisos

La nación da vueltas como un perro que se persigue la cola. En el camino que se tarda el animal en completar cada secuencia se quedan atrapados el Estado y el pueblo. Los círculos dibujados en la imaginación canina van de izquierda a derecha y chocan donde iniciaron: en la cara que se expresa en un Gobierno que intenta, mediante políticas de contraloría social, frenar el bachaqueo.

Las reventas de productos regulados son prácticamente inmunes a operativos especiales, al Código penal y a la Ley de Precios Justos, también a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Tan solo en Zulia, militares adscritos al Comando de Zona N°11 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), incautaron 130 toneladas de alimentos a finales de junio; el golpe más reciente.

El Decreto N° 2.092 de la Presidencia de la República estipula como delito la reventa e instaura cinco años de cárcel como pena. Establece como margen máximo de ganancia el treinta por ciento, y aún así, cualquier persona revende lo que sea en las esquinas de la ciudad. Los mercados populares son nichos de especulación y usura, de corrupción y complicidad entre bachaqueros y policías y efectivos castrenses.

El Gran Polo Patriótico (GPP) ordenó ayer a los Círculos Bolivarianos (CB)—en sus distintos capítulos— “cazar” a revendedores que adulteran alimentos y medicinas. Trescientos noventa voluntarios de organismos regionales y nacionales se infiltraron en el centro, La Curva de Molina, Los plataneros y el Kilómetro 4 para descubrir quiénes mezclan harina con talco, leche con cal, desodorantes con enjuague y shampú con jabón líquido.

Pero el tema es complejo, opina el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta, y su raíz es estructural. Él resume todo a la doctrina del Estado fallido. “El país es incapaz de producir lo que consume”.

Las investigaciones de Werner Gutiérrez, docente de la Universidad del Zulia e ingeniero agrónomo, dan fe de que la producción nacional bajó en 2016: “De 59 rubros que maneja el Gobierno nacional, han caído 37 (…) Prácticamente, el año agrícola se perdió”.

Allí hay una falla estructural de fondo, insiste Urdaneta. Tras esos números se “esconde toda una política de persecución a los sectores productivos del país, lo que ocasionó escasez de alimentos y de servicios, y eso legitima la actividad ilícita del bachaqueo (…) El Estado fallido se expresa también porque, presentado el problema, no tiene la capacidad para combatirlo”.

Contraloría social

Los artículos 70, 132 y 184 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establecen la participación libre y el protagónica del pueblo,como ejercicio de su soberanía, en asuntos políticos y sociales. En esos artículos se basa el GPP para darle potestad a los CB en la creación de estrategias que combatan el bachaqueo. 

José Camargo es el coordinador general de este órgano en el Zulia, y será él, junto con un equipo quien ejercerá contraloría social. En este operativo, iniciado ayer, se vincula la oficina de Asuntos Comunitarios del CICPC, funcionarios policiales, la Red de Inteligencia Social y otros entes.

Su objetivo es desarticular bandas y asociaciones que se organizaron para delinquir y atentar contra la salud pública. Quieren identificar a las personas que ponen en las mesas de venta informales los alimentos y productos de higiene adulterados. “Tenemos a nuestra disposición médicos para verificar los componentes de los productos alimenticios”, asegura Camargo.

Para Urdaneta, esta actividad ilícita no se frena con policías. El asunto se controla yendo al problema de fondo: estimulando nuevamente la capacidad de producción en Venezuela. “De esta manera, tendremos su cientes productos y servicios y no habría necesidad de caer en cadenas especulativas”.

Él tiene una propuesta personal que consiste en la creación de zonas económicas especiales en cada municipio fronterizo, en las que el Estado estimule la producción. El funcionamiento sería sencillo, así lo explicó, porque involucraría a los residentes de la zona que tienen conocimiento para trabajar las tierras. 

Si, por ejemplo, en las zonas rurales se sembraran hortalizas, grutas o semillas de trigo y arroz, se le exoneraría al productor el pago de impuestos por 50 años. O si un productor diversifica su producción, se le otorgarían títulos de propiedad de tierras y se les permitiría vender en el extranjero para que adquirieran divisas. “60 o 70 por ciento de lo producido para el país y el restante para el exterior”.

Ahora, se bachaquea todo, hasta la moneda. Vas a un comercio cualquiera, “raspan” las tarjetas de crédito o débito, recargan diez o veinte por ciento y dan el efectivo. Ya es un síntoma de bachaqueo.