Fiscal: Para el retiro de Directv de Venezuela se debió pedir autorización ante Conatel
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que tres representantes de la empresa de televisión satelital Directv en Venezuela fueron privados de libertad debido al cese ilegal de sus operaciones en el país, ocurrido el pasado 19 de mayo.
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab indicó que el gerente general Héctor José Rivero Olivares; el vicepresidente de Operaciones, Rodolfo Carrano Pugliese y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos José Villamizar Barrios, fueron imputadores por presunta coautoría de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.
Existen elementos de convicción para presumir que tal acción (el cese de operaciones) fue concertada por la Junta Directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela en conjunto con su unidad de administración y operatividad; compuesta por (…) Rivero Olivares, Carrano Pugliese, y Villamizar Barrios; todos responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de Directv Venezuela ante el Estado venezolano; representado por Conatel”, explicó el alto funcionario.
Infracciones a la ley
A su vez, el titular de la acción penal explicó que para el retiro de Directv en Venezuela se “debió solicitar autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico, de conformidad con la Concesión para el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico, celebrada en fecha 16 de enero de 2018; y de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”.
En tal sentido, el cese de las actividades de la empresa hace presuponer “la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos, en cuanto al acceso a la comunicación, información y educación, en un momento de emergencia, como lo es una pandemia”, añadió el Fiscal General.
De igual modo, Saab consideró que “fue quebrantado el Decreto Presidencial N° 4.198 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual se declara la prórroga del Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por el virus Covid-19; que establece en su artículo 9 numeral 1 que no serán objeto de suspensión las empresas de servicios de telecomunicación”.
Asimismo, transgredieron el artículo 15 numeral 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción”, comentó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Perjuicio al usuario
Adicionalmente, el Fiscal General señaló “el daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones”.
Al respecto, recordó que “hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades, en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones de Directv a precios cercanos a los 100 dólares. Todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión de esta empresa”.
Como parte de las investigaciones, la máxima autoridad institucional destacó que “Rivero Olivares, en su condición de Gerente General de la mencionada empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directv Venezuela a finales del año 2019; lo que constituye uno de los indicios de que desde entonces se estaba preparando el cese de las operaciones”.
