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Fiscal Ortega: Juan Pernalete murió por impacto de una bomba lagrimógena

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, llamó este miércoles a los actores políticos del país a evitar señalar hipótesis sobre los delitos que se están registrando en medio de las protestas, que se viven en el país. En rueda de prensa, instó a no caer en olas de rumores.

Precisó que las protestas en el país han dejado 55 personas fallecidas, 52 civiles y tres funcionarios policiales o militares.

También hay un total de 1.000 personas lesionadas, entre civiles y funcionarios policiales o militares y 346 bienes afectados o saqueados.

Dijo que hay ocho personas privadas de libertad por hechos de violencia en el estado Barinas.

Asimismo, destacó que habitantes de Barinas han denunciado poca presencia o no intervención policial.

Detalló que hay 1.475 investigaciones, de las que 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños.

La fiscal general de la República reiteró que la confrontación no se resuelve deteniendo a personas. “El descontento social es producto de la severa crisis económica y la inseguridad”, acotó.

Informó que el joven Juan Pernalete murió por impacto de una bomba lagrimógena lanzada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por lo que sentenció que el disparo de estos objetos directamente al cuerpo está prohibido por estándares nacionales e internacionales. “Es letal”, señaló.

Subrayó que es necesario y “urgente” que se implemente un seguimiento y control sobre la actuación de los funcionarios de seguridad en el país.

“Es imprescindible y urgente que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas (…) Es una responsabilidad del Estado garantizar a los ciudadanos una actuación adecuada de los funcionarios”, puntualizó, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar el descanso a los funcionarios de seguridad.

La Fiscal expresó que los cuerpos de seguridad están en el deber de evitar la confrontación y el uso de la fuerza.

Sostuvo que hay 16 investigaciones abiertas contra grupos armados. “Preocupa la proliferación de estos grupos”, añadió, mientras ratificó que las manifestaciones deben ser pacíficas y el Estado debe garantizar el derecho de manifestar.

Manifestó su preocupación por la situación de las personas civiles detenidas en tribunales militares. “El Ministerio Público tiene la obligación de verificar el estado de las personas privadas de libertad”, comentó.

 

 

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