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Fiscal General niega que los seis condenados por conspiración sean sindicalistas

Saab detalló que Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho actuaron "al margen de la Ley y conspiraron contra la democracia". Pertenecían a una organización "subversiva y conspirativa" llamada Unidad de Resistencia Popular (URP)

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa este jueves 3 de agosto para negar que los seis hombres sentenciados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir, a una condena de 16 años de prisión pertenezcan a sindicatos.

"No son líderes sindicales, no pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajador activo, ninguno está registrado en el Seguro Social, aparecen como desempleados", precisó.
Aseguró que pertenecían a una organización "subversiva y conspirativa" llamada Unidad de Resistencia Popular (URP) y habían planificado realizar varias acciones contra el Gobierno. "Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia", aseveró.
"Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia", aseveró.
Entre las acciones mencionadas que iba a realizar esta organización, publicó Globovisión, el Fiscal mencionó que una era "asaltar el Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto, en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, que según informaciones, constaba de 120 fusiles Modelo FAL", sostuvo.
"Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato", detalló Saab. En el juicio fueron evacuadas 15 pruebas que sustentaban la acusación, que llevaron al Juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.
Durante su declaración a la prensa, Saab informó que el caso se presentó en una "reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., y la delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó, en la que verificaron que estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos en contra del Estado".
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