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Fedecámaras afirma que decreto del Ejecutivo “profundizará la crisis”

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) considera que el nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica se sustenta en supuestos falsos que “mantiene un diagnóstico equivocado de la situación del país”.

En ese sentido, aseguran que este documento plantea medidas contraproducentes para la economía, y que inevitablemente profundizarán la crisis.

En un comunicado, Fedecámaras sostuvo que la resolución no hace mención a las dificultades del sector productivo para adquirir materia prima, ni tampoco al gasto público, intervenciones y estatizaciones de empresas privadas que “estaban al tope de su capacidad de producción, pero que en la actualidad, han perdido productividad, eficiencia y muchas constituyen importantes focos de corrupción”.

Según refirió Unión Radio, este nuevo decreto intenta “legitimar” y “legalizar” una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad, abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos.

Afirman que el decreto conduce a una menor transparencia en el manejo de los dineros públicos, lo que alimenta el contexto de creciente corrupción ya existente en la administración pública, denunciada incluso por simpatizantes, militantes y dirigentes de la coalición oficialista.

El gremio empresarial agregó que la crisis del país no se resuelve con un decreto de 60 días, prorrogables por 60 más, sino fortaleciendo el aparato productivo nacional.

“Para reactivar nuestro aparato productivo no hace falta decretos, lo que hace falta es garantizar el respeto a los derechos de propiedad; garantizar condiciones de seguridad personal y jurídica; garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas; implementar mejoras en la infraestructura de servicios públicos; reformar el régimen cambiario; levantar progresivamente el régimen de control de precios (…) Estas medidas deben venir acompañadas de un conjunto de programas sociales dirigidos a mitigar el impacto social en los ciudadanos de menos recursos”.

Insiste en que el sector empresarial privado está dispuesto a mantener las empresas a flote y, con ello, garantizar el empleo a 10 millones de personas.

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