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Fedecámaras aboga por liberación en Nicaragua de directivos del gremio

La Policía de Nicaragua, dirigida por Francisco Díaz, informó el jueves 21 de octubre que había detenido a los empresarios bajo la acusación de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) condenó la detención judicial ordenada por el Ministerio Público de Nicaragua contra los directivos de la organización empleadora, Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas, presidente y vicepresidente del organismo gremial, expresó la corporación en un comunicado divulgado en su página web.

Reiteramos nuestro rechazo a todo hecho de violencia o cualquier acción que signifique el uso de la fuerza o cualquier otra violación al pleno ejercicio de la libertad sindical de las organizaciones empleadoras y sus dirigentes», reza el texto. «Fedecámaras expresa su incondicional apoyo al Cosep en su llamado a la inmediata liberación de su presidente Michael Healy Lacayo y su primer vicepresidente, Álvaro Vargas Duarte, así como de su expresidente, José Adán Aguerri Chamorro, detenido el pasado mes de junio de 2021″.

«Abogamos porque en Nicaragua se retome a la brevedad el respeto a los valores democráticos y del estado de derecho, para garantizar la paz, el progreso y el bienestar de todos los nicaragüenses».

La Policía de Nicaragua, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, informó el jueves 21 de octubre que había detenido a los empresarios bajo la acusación de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país.

También por, presuntamente, «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

Además, por supuestamente «proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones», y «demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».

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