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Familia de Fernando Albán asegura que la Fiscalía busca engañar a CPI

Los familiares critican el hecho de que después de dos años y medio el fiscal general, Tarek William Saab, informe que sumó los delitos de "homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga" a los agentes del Sebin que lo custodiaban

La familia y la defensa del fallecido concejal Fernando Albán, quien murió en prisión en 2018, dijo el sábado que la Fiscalía busca engañar a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que informara sobre la imputación de nuevos delitos a los implicados en la muerte del edil.

En un comunicado, los allegados y abogados de Albán señalaron que esta "nueva información" tiene "la única intención de confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional, haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán".

Los familiares critican el hecho de que después de dos años y medio de la muerte del concejal que, sostienen, fue "asesinado", el fiscal general, Tarek William Saab, informe que sumó los delitos de "homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga" al de "quebrantamiento de normas de custodia" a los dos funcionarios implicados en el hecho, Miguel Dos Santos y Keyberth Cirelli.

El fiscal informó sobre estos nuevos delitos minutos antes de anunciar que había enviado un tercer informe a la CPI para colaborar con el examen preliminar que la corte realiza a Venezuela tras denuncias de crímenes de lesa humanidad.

La familia de Albán, que considera a Saab "cómplice y encubridor de los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial" del concejal, dijo que no se han "verificado investigaciones contra la cadena de mando".

Señalan como miembros de esa cadena al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, al exministro de Interior, Néstor Reverol, y la juez Carol Padilla.

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) en el que militaba Albán expresó que la declaración de Saab "confirma" que el concejal fue "torturado" y "asesinado" en el Sebin.

Asimismo, la exdiputada Delsa Solórzano, que ha denunciado el caso ante la ONU, dijo en Twitter que el fiscal busca "evitar" que el Gobierno de Nicolás Maduro sea juzgado ante la CPI e instó a la corte a "abrir definitivamente la próxima etapa procesal".

El caso del concejal Albán ha sido polémico en Venezuela, porque el Gobierno afirmaba que el opositor "se suicidó", una versión que también fue ofrecida en primera instancia por la Fiscalía al señalar que se lanzó del décimo piso del Sebin.

Sin embargo, sus familiares y la oposición venezolana aseguraron que el concejal fue "asesinado".

Albán murió el 8 de octubre de 2018 en la sede del Sebin, donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de ese año.

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