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Expropiaciones denotan el fracaso de un modelo

“Exprópiese”, fue una de las frases más usadas por el fallecido presidente Hugo Chávez durante su período de gestión. La usaba para adjudicar al Estado venezolano la propiedad de algunas empresas que pertenecían a “sectores estratégicos” del país, encargados de la producción petrolera, eléctrica, telefónica y alimentaria.

En la actualidad, cumplidas las predicciones realizadas por economistas activos para entonces -quienes vislumbraban una crisis económica a posteriori-, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro decidió plantear un decreto de emergencia para reiniciar la actividad productiva en el país, colocando en entredicho que las confiscaciones realizadas por su tutor político hayan funcionado para beneficiar el bolsillo del pueblo.

Según cifras publicadas en 2014, por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), entre el 2002 y 2013 Chávez expropió 1.284 empresas, detallando que 40,5% de ellas han ocurrido en el área de la construcción y 32,3% en el sector industrial. El resto abarca empresas ligadas al petróleo, al comercio y los servicios, entre otros negocios.

Impacto
El mandatario nacional ha manifestado en los últimos días que una “guerra no convencional” y los bajos precios del petróleo ha impactado negativamente al país. Sin embargo ,para Gilberto Gudiño Millán, director de Consecomercio, las expropiaciones han dejado en evidencia para la misma población que no ha habido ninguna mejora para capacidad productiva de Venezuela.

El empresario manifestó que se pone aún más en evidencia “cuando las marcas que han sido expropiadas han ido desapareciendo del mercado sin posibilidad de que esto pueda satisfacer las necesidades elementales de la población”, refiriéndose solo al sector alimenticio.

Recalcó que la falta de competitividad en ciertos rubros ha colaborado en el mismo desabastecimiento, siendo Empresas Polar, en el caso de la harina precocida, el único productor, sin poder tener la colocación absoluta en los anaqueles porque no puede sobrepasar el 49% que establece la Ley Antimonopolio en un solo producto.

Manifestó que además de la fuerte afectación a las empresas expropiadas, la medida impulsada generó un estancamiento en la capacidad de emprendimiento del país, porque a contrario de lo que establece la Constitución nacional, el país carece de “libertades económicas, no hay respeto a la propiedad privada y no existe la libertad de emprendimiento”.

Aseguró que con esas decisiones se perdió la capacidad de la captación de la inversión extranjera. Hizo comparaciones de la inversión extranjera en países como Colombia, Chile y Perú que alcanzaron el pasado año entre 10 mil y 20 mil millones de dólares, mientras que la de Brasil fue de 50 mil millones de dólares.

“Lo mismo que produjo Chile, por ejemplo, es lo mismo que producimos nosotros anualmente por concepto petrolero”, destacó que ahí está el error, en creer que a través del petróleo podrían mantener al país, cuando incluso, diversificando la economía Venezuela podría duplicar la inversión brasileña.
Hizo referencia al Decreto de Emergencia Económica planteado por el gobierno, indicando que con ellos se quiere convertir a la nación en una potencia exportadora, “no hay nada más alejado de la realidad”, aseveró Gudiño Millán, argumentando que el país actualmente no tiene la capacidad para garantizar el abastecimiento del consumo interno, mucho menos “podemos convertirnos en exportadores, porque primero hay que garantizar la soberanía alimentaria. Aseveró que el decreto “en nada va a ayudar a solventar la crisis del país”.

Otros factores
Para Eddi Aguirre, director de la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia, hay que darle una gran lectura a las expropiaciones, pero esbozó que existen también otros factores que lastraron la economía como lo es sistema cambiario. “Es una cuestión multifactorial, de no tomar las medidas correctas, hay que hacer un balance respecto a las empresas expropiadas, pero indudablemente el aspecto cambiario agravó la crisis de la actualidad”.

Sostuvo que tiene que haber una revisión detenida de la producción generada por las industrias gerenciadas por el Estado y acotó respecto al Decreto de Emergencia que existe un artículo “polémico”, refiriéndose al 2º.

Según él, el Ejecutivo podrá requerir de empresas que puede existir expropiaciones momentáneas de 60 días más una prórroga de 60 días más para abastecer los anaqueles.

Resaltó que si ese es clima que desean generar debería haber una reflexión donde el Gobierno “entienda que la empresa privada es un aliado importantísimo para sacar adelante al país”.

Agroisleña y el petróleo
El 3 de octubre del año 2010 Hugo Chávez anunció la nacionalización de la empresa “Agroisleña” ahora “Agropatria”, con capital español y la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país.

Esto generó una serie de consecuencias, incluso algunos economistas del país desestimaron declaraciones del para entonces ministro de Agricultura y Tierra, Ivan Gil, quien manifestó que la actual Agropatria cubría el 70% de la demanda.

En la actualidad la carencia de rubros para la producción agrícola ha incrementado la fuerte crisis de desabastecimiento en el país.

En el estado Zulia, se confiscaron más de 70 empresas del sector petrolero, alimenticio y construcción, destacando A&F Marine Center, C.A., Consorcio Kaplan Industry Inc and Gilmar Offshore Midle East, Construcciones y Soldaduras (Consopca), Construcciones y Soldaduras (Consopca); entre otras que se han mentenido en la lucha por la indemnización que les corresponde por ley. Las mismas, en su mayoría, no se han reactivado.

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