Expertos: "Fiscalía nunca pudo probar los delitos imputados" por intento de magnicidio

Las máximas condenas impuestas a los acusados por el intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro han generado el rechazo de defensores de derechos humanos y políticos que las han calificado como "infames" o injustas.

A 30, 24, 16, 8 y 5 años de prisión condenaron a 17 implicados en el ataque con drones que sufrió Nicolás Maduro, parte de su tren ejecutivo y el alto mando militar, durante un acto en el que conmemoraban el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en la avenida Bolívar de Caracas, el 4 de agosto de 2018.

El fiscal general Tarek William Saab declaró el mismo día que dictaron las condenas que durante el juicio se respetó el debido proceso. Sin embargo, defensores y organizaciones, incluso organizaciones internacionales, expresaron que el juicio estuvo lleno de irregularidades desde la detención de los supuestos implicados, reseñó Efecto Cocuyo.

Sin demostrar las acusaciones

Para Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, los delitos por lo que juzgaron a los ahora condenados son los más graves en el ordenamiento jurídico; ciertamente las penas siempre serán elevadas, pero asegura que durante todo el proceso el Ministerio Público no logró encuadrar los hechos por los que acusó a los procesados.

“No se logró demostrar que los acusados hayan cometido los delitos de los que se les acusó y es ahí la gravedad de lo ocurrido”, explica Tineo, en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.

Omar Mora Tosta, abogado experto en ciencias penales y criminalísticas, dice que desde el punto de vista técnico no se ajustaron las condenas.

Resalta que durante el proceso penal hubo violación al debido proceso, al derecho a la defensa, y denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos. Agrega que no se puede fundar ninguna decisión judicial basada en pruebas obtenidas ilegalmente o incorporadas al juicio si hay este tipo de violaciones.

“Como es lógico infectó de nulidad absoluta el resto del proceso, basándonos en la teoría anglosajona del fruto del árbol envenenado, razón por la cual debieron recuperar su libertad. Además, trascendió que luego del amañado proceso, el Ministerio Público nunca pudo probar en las audiencias los delitos imputados”, asegura.

No hubo debido proceso

La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón agrega que desde las aprehensiones se violó flagrantemente el principio de presunción de inocencia, al debido proceso, el derecho a la defensa y todas las garantías procesales de los hoy sentenciados.

“Tan grave como esto es que todos fueron sometidos a las más terribles torturas y aún denunciándolas durante las audiencias en sede judicial, fueron totalmente ignoradas por los fiscales del Ministerio Público y la titular del tribunal, incumpliendo así sus obligaciones de iniciar las investigaciones correspondientes para condenarlas y en tanto, haciéndose parte de tales violaciones”, señala.

Mora Tosta coloca el caso del exdiputado Juan Requesens como ejemplo de las irregularidades: “A un diputado con inmunidad parlamentaria se le detuvo arbitrariamente y se le desconoció el fuera parlamentario. Además, fue sometido a vejámenes, tratos crueles e inhumanos, y hasta uso de sustancias químicas para interrogarlo tal y como denunciaron defensores y familiares”, indica.

Mora Tosta insiste que las torturas y otras denuncias constituyeron un vicio muy grave que afectó la legalidad del proceso penal en su totalidad y por eso debió declararse nulo.

Patrón sistemático

También coinciden en que en los casos de perseguidos o presos políticos en el país hay un patrón sistemático de violaciones a las garantías constitucionales.

“Todo lo cual hemos documentado no solo organizaciones de DD. HH. en Venezuela, sino incluso la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos de Naciones Unidas, al punto de informar a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que en Venezuela se estarían cometiendo crímenes de su competencia y, a su vez, el fiscal de dicha instancia de justicia internacional ha iniciado una investigación en este sentido”, asegura Tineo.

La defensora de derechos humanos indica que las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela constituyen en un patrón en el cual los órganos que integran el sistema de justicia venezolano tienen directa participación.

Mora Tosta añade que en algunos de los casos sobre el magnicidio frustrado los expedientes se mantuvieron en resguardo y en secreto, divididos en carpetas distintas a las que la defensa no se les permitió acceso oportuno para conocer la totalidad del contenido y así poder preparar los argumentos de defensa.

“En un proceso como este, al concatenarlo con otros casos similares en los que se ha utilizado a la justicia para perseguir a la disidencia, tanto de civiles como de militares institucionales, se evidencia una sistematicidad, un patrón de persecución común y es lo que se percibe internacionalmente como la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, argumenta.