Estiman que Ley de Transparencia ponga orden en la administración pública

Este miércoles se realizó un foro en el marco de la Consulta Pública de la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, titulado El derecho a saber en el continente, que contó con las ponencias del director de Ecoanalítica, economista Asdrúbal Oliveros, el infectólogo y profesor de la UCV, Julio Castro, la periodista de investigación, Lisseth Boon, y el representante del Consejo Directivo de la Transparencia de Chile, abogado Marcelo Drago.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del segundo vicepresidente de la AN y presidente de la Comisión Mixta encargada de la mencionada ley, diputado Simón Calzadilla, quien aseguró el proyecto de ley en cuestión sería el inicio de una discusión que pondría orden entre las tareas de los funcionarios públicos y los ciudadanos, por ello no debería darse bajo un clima de polarización.

“El funcionario público que antes se negaba a dar información con la ley tendrá que darla y publicarla, incluso sin que se la pidan. De esta manera comenzaríamos a luchar con un flagelo que nos está haciendo pasar por momentos de sufrimiento y agonía como es la corrupción” dijo el diputado.

Calzadilla insiste en la importancia de que la gente entienda y asuma que la política en democracia no es sólo un asunto de políticos sino de todos los miembros de esa democracia. También aseveró estar convencido que a Venezuela le urge un cambio de gobierno para poder avanzar, pero es optimista de que con el Referendo Revocatorio se va a lograr ese cambio y se aplicará entonces la Ley de Transparencia.

Por otra parte el economista Oliveros refirió que en Venezuela hay un empobrecimiento muy grande si es medido en relación con los ingresos de cada persona. La inflación oficial al cierre del 2015 fue de 180,9% y hasta mayo del 2016 la extraoficial –que es la única que se conoce- se ubicaba en 321,6%. En cuanto a la escasez indicó que la última data publicada fue en marzo del 2014 –siendo Venezuela el único país del mundo que mide la tasa de escasez-.

Oliveros asegura que al ocultar las informaciones de interés público como por ejemplo los activos del Banco Central de Venezuela (BCV), ni que contabiliza como reservas, ni la porción de oro que tienen como garantía de los prestamos adquiridos, entre tantas otras, se limitan las posibilidades de los ciudadanos, pues se imposibilita la toma de decisiones acertadas, no hay evaluación de políticas públicas y se generan distorsiones económicas al no contar con cifras oficiales.

El profesor Castro indicó que la opacidad en los temas de salud pública está causando muertes. Las tasas de mortalidad han incrementado 100% en neonatos, 20% en las parturientas y 5% en la población general según lo dicho por Castro. Por su parte, Boon explicó los obstáculos en el periodismo por la falta de información por hechos como los cierres de las salas de prensa de las instituciones del Estado.

“Desde el 2014 no ha sido posible obtener datos del comercio exterior. Las llamadas “fuentes abiertas”, como el INE, Cencoex, BCV, ministerios, entre otras, están cerradas. El caso del TSJ es particular, hicieron un refrescamiento o modificación de la página en la que ahora hay que afinar las estrategias de búsqueda, antes sólo colocar el nombre bastaba. En cuanto a la página de la Contraloría General ni buscador tiene, a pesar de la información está en ella es mucho el esfuerzo para ubicarla”.

A juicio del representante chileno del Consejo de la Transparencia, el esfuerzo de Venezuela es destacable y cuentan con el apoyo internacional de la Red Iberoamericana de Transparencia. Drago indicó la importancia de la ley porque es un derecho fundamental establecido en la Declaración de DDHH, en el Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre los DDHH, en la Carta Africana de DDHH y de los Pueblos y en la Convención Europea de los DDHH.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, al cerrar el evento dijo que la Ley de Transparencia “debe fluir y llegar a consenso entre las partes”.