Estados Unidos trabaja en las sanciones económicas que podría aplicar en Venezuela
La Casa Blanca está trabajando sobre la imposición de sanciones económicas "robustas" contra el Gobierno de Nicolás Maduro como consecuencia de la convocatoria de la Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna del país, informaron este martes altos funcionarios del Gobierno de EE.UU.
"Todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están siendo debatidas", aseguraron las mismas fuentes en una llamada telefónica con periodistas, en la que se negaron, no obstante, a especificar si las sanciones irán dirigidas a miembros del Gobierno venezolano o serán más amplias.
Preguntados por la posibilidad de que EE.UU. decida prohibir las importaciones de petróleo venezolano a suelo estadounidense, los funcionarios no descartaron esa opción.
"El presidente (de EE.UU., Donald Trump) nos ha dicho que consideremos todas las opciones (...) y todas las opciones están siendo debatidas", apuntaron.
"Entendemos que estamos trabajando con opciones que van a tener consecuencias, no solo en Venezuela, sino que también podrían tenerlas en Estados Unidos", añadieron.
Una suspensión de las importaciones de petróleo venezolano afectaría no sólo a las economías de Venezuela y de Estados Unidos, sino que tendría también un impacto inmediato en los mercados internacionales del crudo.
Estados Unidos acoge la gran mayoría de las refinerías que procesan el petróleo venezolano, un crudo muy pesado que requiere un proceso específico, por lo que una decisión en ese sentido podría suponer un duro golpe para la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y por tanto para la economía venezolana.
La Casa Blanca no quiso especificar cuándo harán públicas las sanciones, pero podrían tener lugar tan pronto como hoy.
Entre los individuos que potencialmente se podrían ver afectados por las sanciones se mencionan al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino Lopez, y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro del Congreso, pero los funcionarios del Gobierno no quisieron confirmarlo.
