“El Defensor del Pueblo guarda un silencio delictivo”

Para Javier Elechiguerra Naranjo, ex fiscal general de la República, abogado, catedrático en derecho constitucional, derechos humanos y práctica jurídica de las universidades Central de Venezuela, Carabobo y Zulia, la salida a la crisis política y social venezolana es llamar a elecciones generales.

Quien fuera uno de los abogados de Hugo Chávez tras su rendición, el 4 de febrero, se desmarca del proceso revolucionario con ahínco. Se basa en las leyes. Recuerda que en una democracia los tiempos comiciales son exactos “y se tienen que respetar”. Cree que en la medida en que no se respeten los tiempos, el escenario de conflictividad social irá en alza.

—¿Lo que pretende el Gobierno es una reforma o la refundación de una nueva República? 

—Me voy a permitir leerle la exposición de motivos de la Constitución con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En el título referido a la ANC, se consagra expresamente: “(...) la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional”. Entonces no puede ser que digan que esa ANC es para ajustar algunas cosas de la Constitución. En 1999, antes de la Constitución actual, estaba vigente la Constitución de 1961, entonces no se hablaba de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de reforma y, o de la enmienda. Se planteó la discusión y cuando se consultó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Sala Político-Administrativa, se hizo la pregunta: ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente? Eso lo hizo el presidente Hugo Chávez porque en aquel momento no se establecía la ANC. Y yo compraría el argumento de ese momento y preguntaría ¿Si en aquel momento se consultó al pueblo por qué no se contemplaba la ANC?, ahora que lo dice, que la Constitución sí lo contempla, con mayor razón hay que acudir a preguntarle a ese pueblo.

—¿Cuál es su opinión acerca de las intervenciones del Defensor del Pueblo en relación al respeto al derecho a la protesta?

—El Defensor del Pueblo hasta ahora ha sido el funcionario más irresponsable que hay ahorita en Venezuela. Lo digo con toda seriedad y con toda responsabilidad, porque es el responsable de que los derechos humanos se garanticen en Venezuela. Él es un candidato a ser denunciado internacionalmente, en cualquier instancia internacional de derechos humanos. Su responsabilidad la ha echado a un lado. El Defensor del Pueblo fue creado en la Constitución de 1999, precisamente para darle garantías al ciudadano de que ante cualquier abuso, de cualquier tipo, por parte del cualquier funcionario del Estado, él iba a ser la persona que iba a estar en primera línea para tomar las medidas y actuar activamente y no por omisión, como lo está haciendo actualmente. Él es uno de los funcionarios responsables de todo esta situación que hay ahora, porque ha guardado un silencio sospechoso, yo diría que delictivo.

—¿Cómo debería actuar un Defensor del Pueblo? 

—En primer lugar acudir ante los tribunales y de la mano de la Fiscalía General de la República, garantizar el derecho. Ejemplo, hace varios meses se habló en Venezuela de una famosa “tumba”. Se decía que está en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Basta con el rumor de su existencia. Inmediatamente el Defensor del Pueblo debió presentarse ahí para constatar, primero si eso es verdad, si hay detenidos, y si las condiciones de esos detenidos llenan todos los requisitos constitucionales.

—El general Vladimir Padrino López contradijo a la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Aseguró que no hubo ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ sino un impasse. ¿Cuál es su lectura?

—Cuando se habla de derecho y yo tengo a un militar y a un abogado, yo tengo que creer más en el abogado, así como si se hablara de guerra creería más en el militar. Eso no es ningún impasse, eso es simplemente, como lo dijo la Fiscal General, es una violación al orden constitucional. En términos democráticos de la sociedad occidental, se interpreta que un Gobierno es democrático si cumple dos requisitos. Es legítimo de origen, quiere decir que es producto de unas elecciones libres, universales y secretas. Tiene que también cumplir con unos estándares internacionales, que hablan de la división y separación de los poderes y segundo hay un eje transversal en todas las democracias occidentales modernas, que es hablar de los derechos humanos. De tal manera que un gobierno democrático, no solamente si es producto de unas elecciones, sino que además cumple con lo que se establece en la Constitución. Y al general Padrino yo lo invito a que abra la Constitución al azar y verá que donde le toque, ahí hay un incumplimiento por parte del Estado, de las normas constitucionales. Cuando con una decisión de un tribunal se establece que a partir de ese momento la Asamblea Nacional ya no va a tener que hacer nada y ellos van a cumplir su rol, o el organismo que ellos definan, se evidencia la ruptura. Eso causó un tsunami planetario porque eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Eso es un impasse? No, esa una violación flagrante al orden constitucional.

—En el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ¿por qué ella se queda en la denuncia de la ruptura del hilo constitucional y no actúa?

—Yo realmente no comprendo esa conducta. No quiero opinar qué la ha movido a eso. Pero sí digo que hay algo que también tiene que ser aclarado por la Fiscal. El Defensor del Pueblo dijo que cuando el Consejo Moral Republicano se reunió para conocer si era falta grave o no, lo que hicieron los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue decir que el acuerdo había sido por unanimidad. Yo no creo que haya sido por unanimidad. Yo creo que la Fiscal tiene la responsabilidad de hablar y responder y aclarar eso. Yo creo que no se le exige eso.

—¿Qué tipo de escenario jurídico se vive en Venezuela? 

—No existe en el mundo entero lo que está pasando en Venezuela. El poder central en Venezuela no ha cometido ninguna irregularidad en ningún acto administrativo, porque cada vez que se recurre a los tribunales, en los Contenciosos Administrativos, que son los llamados a hacer ese tipo de corrección, dice que no comete errores. Eso no existe ni en Francia. En ningún país del mundo hay una administración que no cometa errores. Precisamente para eso está el juez, para poner orden y definitivamente enderezar y corregir entuertos. Pero claro, eso encuentra su origen en la violación a la Constitución. En Venezuela no hay esa conciencia de que el juez, el maestro y el policía son fundamentales para que una sociedad funcione. El poder judicial es vital.

—¿Cuando hay que pedir fe de vida de un preso político, de qué tipo de Gobierno hablamos? 

—En primer lugar una persona no puede estar abandonada a su suerte donde esté recluido. Cuando una persona está recluida en una cárcel está a la orden del Estado. El Estado tiene que permitir entrar a los abogados y la familia puede ir cuando quiera. Cuando se pide fe de vida es porque no se tiene claro si la persona está viva o no.

—Qué diferencia existe entre Chávez y sus aliados cuando fueron presos políticos y los de ahora. 

—Yo le digo que en aquel momento, cada vez que ocurría algún problema allá en Yare, que es donde estaban recluidos, inmediatamente eran atendidos. Recuerdo yo que cuando tenían algún problema en el ojo o en el estómago, inmediatamente se presentaba allá un médico militar y los atendía. Te lo digo yo, que estuve allá al lado de ellos y fueron atendidos en su momento siempre. Tenían hasta celular. Esa es otra cosa que permite tener un sabor bien amargo, que la justicia en vez de mejorar ha venido empeorando aceleradamente.