El cacerolazo como delito
Penalistas explican que cacerolear es un derecho y a la vez una infracción a la ley.
La ley se contradice cuando de cacerolear se trata. Y es que el video donde el presidente de la república, Nicolás Maduro, es víctima de un cacerolazo en Nueva Esparta, revivió la investidura legal que desde el 2005 intenta penalizar el gesto de protesta. Once años atrás con la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (AN) se le sumó el artículo 506 al Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
En él se interpreta que “sin menoscabo” de los derechos políticos y participación ciudadana, cualquier manifestación con cacerolas o cualquier otro tipo de objeto parecido que afecte con ruidos en espacios públicos, será penado con multas, incluso amenaza de arresto de tres a cuatro meses cuando de un funcionario público se trata.
El texto, a la opinión del penalista Luis Izquiel, estaría en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ignorando el derecho a la manifestación pacífica. Añade que el primer párrafo del artículo reconoce la protesta cuando se habla de: “sin menoscabo de participación ciudadana”, sin embargo, está redactado de tal manera que pueda ser interpretada a juicio de quien quiera aplicar la Ley.
En el análisis también intervino el experto en derecho penal, Richard Portillo, quien recordó el artículo 65 del COOP que de ende como “no punible quien obra en el ejercicio legítimo de un derecho”, siendo la protesta pacífica uno de los derechos consagrados en la Constitución. Para Portillo “cacerolear es un ejercicio del derecho constitucional. Podría ser delito, pero no es castigado”.
Cinco reformas suma el Código Orgánico Procesal Penal, más 450 modificaciones en nuevos artículos, eliminados y cambiados.
Apología del odio
Las declaraciones del diputado Elias Jaua, quien sugiere penalizar las cacerolas por ser “instrumento de intolerancia y que promueven el odio”, son las que reabren el debate y conduce nuevamente a la lectura del Código Penal, donde se define “apología del delito”, la intolerancia y el odio que critica Jaua.
El penalista Richard Portillo explica que este delito aplica “cuando una persona que tiene ascendencia sobre la comunidad que normalmente es una persona pública, llama al odio o la discriminación o también si aplaude, por ejemplo, cuando Chávez decía ‘invada el que no tenga tierra’, estaba incitando a una masa a invadir”.
Portillo justifica que entonces, a un ciudadano en protesta no podría acusársele de apología del delito, de promover el odio, pues no tiene la capacidad para influir en grandes masas. Sin embargo, un líder de oposición fácilmente podría cumplir con el perfil legal que defiende el diputado Elias Jaua.
El respeto de Maduro
En términos legales existe la “majestad del funcionario público”, siendo en Venezuela el presidente Maduro la máxima figura a la que se le debe respeto, de no hacerlo, la persona incurre en los delitos de “vilipendio a las instituciones públicas”, y “ultraje al funcionario público”, tal y como lo prescribe el COOP.
Richard Portillo hizo referencia al incidente en Villa Rosa, Nueva Esparta con el Jefe de Estado, circunstancias en la que partiendo de la agresión verbal y física que pudo haber recibido Maduro aplicarían los delitos, pero rescató que por cacerolear no. “Si me refiero a él (Maduro) como persona no es un delito, si lo hago como la gura presidenciable, es delito”.
Luis Izquiel defiende que “el presidente merece respeto por el cargo que ostenta, y al irrespetarlo podrían aplicarse el COOP. “El problema está que en Venezuela tenemos un Presidente que más allá de su cargo, él irrespeta a los venezolanos. Que dice groserías en plena cadena nacional, y en horario supervisado. No se deja respetar”.
Histórica cacerola
La politólogo, Ruth Guerrero, hizo referencia al uso del cacerolazo en la historia como forma de protesta que surgió en Chile en 1971 y se replicó a través de los años en países donde había dificultad con las libertades como; Uruguay, Argentina, España, Canadá, Colombia, Brasil, entre otros.
Ante el soporte legal que hoy reprime el cacerolazo y la insistencia del Gobierno en penalizarlo, Guerrero considera que podría desaparecer en el país el tipo de protesta, sin embargo, defendió que es un “derecho de expresión que tiene el venezolano en todo proceso democrático”, por lo que criticó la postura del diputado Elias Jaua, y la catalogó como “una mentalidad demasiado totalitaria”.
“Hoy podrán penalizar y sancionar las cacerolas, pero al ciudadano no le podrán quitar su descontento que siempre conseguirá una vía creativa para manifestarse”, auguró Guerrero.
El presidente del Observatorio Político Venezolano, José Mendoza, consideró que en algunos voceros gubernamentales se genera una especie de “ceguera política”, frente a la protesta. Afirmó que en cualquier parte del mundo se dan cacerolazos espontáneos contra las políticas oficiales.
Admitió que hay situaciones que se preparan con anticipación y generan hostigamiento. Colocó como ejemplo: “En las últimas elecciones presidenciales donde Maduro resultó ganador, se convocó a través de las redes sociales a protestar cerca de la residencia de la presidente del CNE, lo que terminó siendo una especie de hostigamiento hacia la funcionaria pública”. Mendoza concluyó que la disyuntiva proviene de la cultura política por parte de los distintos actores del país.
