Ejecutivo revisará su relación con la Acnudh tras nuevo informe de Michelle Bachelet
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este jueves el nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela emitido por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y expresó su "preocupación" por la "pérdida de objetividad" de la funcionaria.
A través de un comunicado publicado por la Cancillería venezolana, el Ejecutivo informó que, a raíz de las declaraciones de Bachelet, someterá a revisión su relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al considerar que el nuevo reporte es “desbalanceado” y cargado de “afirmaciones sesgadas”.
“El Gobierno someterá a revisión la relación con la Oficina (...) y la próxima renovación” de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año, reza el texto.
Agregó que el informe es un "mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el gobierno de los Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima, en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos".
#COMUNICADO | Venezuela lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la 46° sesión ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU. Preocupa que la Alta Comisionada pierda su rigor y objetividad ante la presión de actores anti-venezolanos pic.twitter.com/euuQCsHo4x
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 11, 2021
Bachelet pidió una investigación tras asegurar que continúan recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Desde la sede del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada afirmó que su despacho recibió la denuncia sobre los hechos ocurridos en la parroquia La Vega, en Caracas, y registrados a principios de enero.
Al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en La Vega“, comentó Bachelet durante la actualización oral sobre la situación venezolana, donde agregó que las investigaciones deben “ser rápidas e independientes”, para garantizar la rendición de cuentas y buscar que no se repitan hechos como el de la mencionada zona popular de Caracas.
Además, la oficina de Bachelet recibió denuncias de represalias contra venezolanos que han colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en el país.
En su presentación, aportó datos adicionales sobre las presuntas violaciones que ocurren en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
Recuerdo a las autoridades su obligación de proteger libertades y garantizar condiciones para participación, incluyendo voces disidentes, dijo.
Ayer, la Misión Internacional de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, denunció que las ejecuciones extrajudiciales persisten y que las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre.
