Desatención médica y detenciones arbitrarias: ONG alertan que persisten violaciones de DD. HH.

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela no cesaron en 2022.

Las condiciones de reclusión de personas privadas libertad por motivos políticos siguen siendo “negativas”, no se les brinda atención médica adecuada, persiste el “desconocimiento” a órdenes judiciales y se mantienen las torturas y los tratos crueles, coinciden los defensores de derechos fundamentales.

Pero las violaciones, aseguran los activistas, son más profundas e involucran derechos, civiles, políticos y económicos y, con el paso del tiempo, el temor a represalias por informar sobre la situación ha incrementado la censura y la autocensura, ocasionando que la opacidad se haya vuelto “costumbre”, como han expuesto miembros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, organizaciones que investigan y promueven el derecho a la libertad de información, reseñó la Voz de América.

A diferencia de años como 2014 y 2017, cuando ocurrieron grandes protestas antigubernamentales y se registraron detenciones masivas, al no presentarse grandes protestas políticas, 2022 se caracterizó por detenciones “selectivas”, dirigidas a “mantener” el número promedio de presos por motivos políticos a lo largo del año, explica Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal.

Este año se incrementó un “esquema” de persecución contra dirigentes sindicales, uno de los sectores que ha “reactivado” las manifestaciones pacíficas para exigir mejoras de condiciones salariales y laborales, añade Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.

“La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”, dijo a la VOA.

Himiob recuerda algunos casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín, acusado de, entre otros cargos, “traición a la patria” y quien desde el 2018 tiene una orden de tribunales para ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero se mantiene arbitrariamente privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

También Ermilendris Benítez, señalada de estar presuntamente implicada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, y el defensor de DD. HH., José Javier Tarazona, quienes presentan cuadros de salud complejos y no han recibido tratamiento médico adecuado.

Desde 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica “oportuna”, uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.

Avances en La Haya

En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.

Himiob explica que tanto la fiscalía como el Estado tienen hasta marzo de 2023 para sustentar sus “posiciones”, pero también se abrió la posibilidad para que las victimas presenten sus observaciones, alegatos y argumentos a través de la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI.

“Las víctimas ya se están organizando para hacer llegar estas observaciones que son necesarias para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tenga un panorama más claro. Esto es muy importante porque amplia el espectro de personas que pueden llevar las informaciones a la Sala, a los efectos de que tome sus decisiones”, expone Himiob.

Justamente esta semana, la VPRS de la CPI habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deciden si autorizan al fiscal Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.

Himiob, uno de los cuatro abogados acreditados ante el Tribunal Penal Internacional que expondrán las argumentaciones y testimonios de las víctimas, subraya que se trata de un “paso importante” para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el Estado no solamente confrontará la posición de la fiscalía, sino la posición de las víctimas.

Es un “proceso largo”, admite al subrayar que se trata de una carrera de “resistencia” y no de “velocidad”.

“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo a la VOA.