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Fedecámaras denuncia detenciones arbitrarias de comerciantes en La Rita y Machiques

En su informe mensual, Fedecámaras reporta que el 70 por ciento de los locales comerciantes ha visto descender los volúmenes de ventas

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), a través de su dirección en el estado Zulia, denuncia en su informe mensual de septiembre detenciones arbitrarias a dueños y gerentes de establecimientos comerciales en los municipios Santa Rita y Machiques de Perijá.

En algunos casos los empresarios y gerentes siguen sujetos a procedimientos judiciales con imposición de medidas cautelares. Los representantes del sector denuncian que estos ejercicios de fiscalización no responden a la comisión de delito alguno, no se tiene constancia de que alguna de las detenciones responda al hecho cierto de incumplimiento de precios regulados por el Estado, por el contrario, apuntan a una injustificada campaña política que enarbola la ‘lucha contra la hiperinflación’, detalla el informe.

El organismo gremial se refirió a las inspecciones realizadas por la Sundde, en relación con los precios acordados según esa institución, de los productos de la dieta básica y de uso personal, medida que se tomó a semanas de la aprobación de las medidas económica a mediados de agosto, relacionadas con el aumento salarial a 1.800 bolívares soberanos y la puesta en vigencia del nuevo cono monetario.

Baja en las ventas

Fedecámaras Zulia advierte que en la capital zuliana el 70 por ciento de los comercios manifestaron un descenso en los volúmenes de venta, en relación con el trimestre anterior. Ese porcentaje se apoya en cifras de la Encuesta de Coyuntura Económica, realizada por la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM).

Precisa el organismo cúpula en la región que la producción está vulnerada por la escasez de materia prima, robo de cables, fluctuaciones de voltaje (bajones) y restricciones en el suministro eléctrico.

También esa producción se muestra entorpecida por fallas en el suministro de agua potable,  imposición de precios regulados no acordes con la estructura de costos reales, ausencia de dinero en efectivo y deficiencias en las telecomunicaciones con impacto directo en puntos de ventas y plataformas de transferencia bancarias, afirma el informe.

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