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Bigott: Contrabando de cigarrillos alcanza 44 % del mercado por inacción del Gobierno

El director legal de Bigott, Miguel Benzo, aseguró que casi la mitad de la venta de cigarrillos obedece directamente al contrabando o a empresas que importan productos desde el extranjero, sin cumplir con todas las regulaciones

La ilegalidad se apodera de uno de los mercados que requieren de mayor grado de regulación y control gubernamental: la venta de cigarrillos. Dadas sus implicaciones para la salud y el dinero que este sector aporta al fisco mediante pago de impuestos, el contrabando resulta perjudicial no solo para las empresas legales, sino para la población general y el Estado.

La cigarrera Bigott, hasta antes de la pandemia, representaba 80 % del mercado nacional mediante la comercialización de sus marcas Lucky Strike, Belmont, Pall Mall, Viceroy y Universal.

Esta situación cambió bruscamente a partir de 2021 por un crecimiento desmedido del contrabando y la instauración de una mecánica de competencia desleal, que ahora incluso amenaza con la permanencia de la empresa en el país en el mediano o largo plazo.

El director legal de Bigott, Miguel Benzo, explicó que los estudios de mercado realizados por la compañía no avizoran el mejor escenario para operar. Aunado a los problemas que ya afrontaban los privados en el mercado nacional debido a regulaciones gubernamentales, hiperinflación, devaluación de la moneda nacional e inseguridad jurídica, ahora la competencia desleal incrementa para entorpecer aún más las operaciones de las empresas privadas.

Bigott indicó que 44 % de los cigarrillos disponibles en el mercado nacional forman parte de la competencia desleal. Casi la mitad de la venta de cigarrillos obedece directamente al contrabando o a empresas que importan productos desde el extranjero, sin cumplir con todas las regulaciones y obligaciones que establece la ley venezolana. Son alrededor de 127 marcas provenientes de distintas partes del mundo las que se comercializan en el país, reseñó Tal Cual.

"Históricamente habíamos lidiado con niveles de contrabando inferiores a 10 %. Era relativamente aceptable y podíamos convivir con eso, porque no ponía en riesgo la sustentabilidad de la empresa. Ahora estamos saliendo a la calle para ver qué está pasando y lo que vemos nos hace pensar que en la próxima medición seríamos afortunados si se mantiene ese 44 %", confesó Benzo.

Contrabando de cigarrillos tiene luz verde

El verdadero problema con la denuncia de Bigott no yace en las dificultades financieras de la propia empresa, sino en la inacción de entes gubernamentales que deberían cumplir con la función de impedir el contrabando; más aún cuando se trata de cigarrillos que causan afecciones importantes a la salud y no pasan por ningún tipo de filtro sanitario.

Los irrisorios precios del cigarro en el mercado nacional dejan entre puntos de interrogación la función del impuesto específico al tabaco, que se aplica para desincentivar la compra de este producto por ser perjudicial para la salud. En el caso de las marcas ilegales, el cigarrillo detallado puede costar menos que un caramelo. Es decir, es quizás el producto más económico del país.

Fuentes del sector calculan que en los puertos se paga entre $ 50.000 y $ 100.000 de "vacuna" por cada contenedor de cigarrillos para dejar que ingresen al país sin cumplir con la regulación e ingresar en el mercado ilícito, sin permisos ni declaración de impuestos, cuando un contenedor de cajetillas de cigarro debería requerir un pago de aproximadamente $ 500.000 tan solo en impuestos.

Actores privados han insistido durante meses en la reactivación de la Comisión Presidencial de la Lucha Contra el Fraude Aduanero, una instancia gubernamental que se articulaba con el sector privado para evaluar los principales problemas en materia aduanera, siendo una de las prioridades lidiar con el contrabando.

Cada mes, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, resalta la necesidad de frenar el contrabando y la competencia desleal. Advierte que hasta 30 % de los productos que se comercializan en el país corresponden a importaciones ilícitas —44 % en el caso del mercado de los cigarrillos—, pero el Gobierno parece hacer oídos sordos a esta petición.

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