Bajo la Ley Rico y la Ley Antilavado de EE.UU. presentan caso de bonos 2020 en fiscalía de New York

La oficina de la Fiscalía General del estado de Nueva York, Estados Unidos, designó a Elsa Rojas, investigadora americana de habla hispana para realizar las experticias correspondientes sobre el caso denunciado por el líder del Movimiento Prociudadanos, Leocenis García.

García realizó una declaración jurada ante las autoridades estadounidenses y la denuncia está vinculada sobre los Bonos Pdvsa 2020, además de la declaración jurada, presentó varios soportes para la investigación, incluyendo documentos de la Petrolera de Venezuela SA, PDVSA.

En un documento de 80 páginas en inglés, se realiza el reclamo por violaciones de los estatutos estatales y federales de la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como de Rico, la ley universal Usa Patriot, Ley de Títulos Valores y sus diversas enmiendas, así como La Ley Antilavado de Estados Unidos que tiene “jurisdicción extraterritorial”.

La acción es presentada contra “dos venezolanos en funciones públicas - Nicolás Maduro y Juan Guaidó- que, como parte de sus funciones utilizaron el sistema financiero americano en tiempos distintos para emitir unos bonos de deuda pública fraudulenta y luego pagar sus intereses, supuestamente en resguardo del activo que servía como aval para los mismos, una compañía venezolana, llamada Citgo”.

En la acción legal, Leocenis García y el Movimiento Prociudadanos, reconocen que el sistema de justicia estadounidense tiene jurisdicción sobre el asunto, por la utilización por parte de los demandados de leyes e instituciones financieras norteamericanas para el diseño y aplicación de un programa de financiamiento a la empresa Petroleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), y la recepción de recursos financieros provenientes de comisiones por la ejecución de esta operación financiera.

Según la acción Juan Guaidó, podía incumplir alegando fuerza mayor, como se deducía de la situación de Venezuela, donde para la fecha había la dispusta de dos presidentes en ejercicio supuesto de la República.

“Pero adicionalmente, no se debía pagar bonos inexistentes. Salvo que, como parece ser el caso, se respondiera a una maniobra contable para pagar más de 70 millones de dólares de los Estados Unidos de América, con el uso de información privilegiada por allegados a la reclamación para obtener una ganancia en la compra de los bonos en el mercado secundario”, reseña el documento.

Uno de los aportes más polémicos de la querella y quizás uno de los datos más relevantes es que, el director de CITGO, Andrés Eloy Padilla (designado por Guaidó y la AN en la dirección de la filial de Pdvsa en EEUU), ocultara que en 2007 era corredor de títulos valores en la Bolsa de Caracas y, es hermano del diputado de la Asamblea Nacional Luíz Carlos Padilla Villalba, quien es el Vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo donde se definieron las postulaciones para esos cargos (incluyendo el de Andrés Eloy Padilla).

Fue esa Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa (Andrés Eloy Padilla, entre otros) que recomendó a Juan Guaidó pagar los intereses del bono 2020 con dinero proveniente del fondo de garantía (escrow account) porque esta colateralizado con acciones de CITGO.

“Dias antes del pago Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de Citgo designada por el Gobierno Interino de Juan Guaidó, dijo sobre el pago de bonos Pdvsa 2020 en un evento en Washington que Citgo era controlada por la autoridad de Juan Guaidó en lugar de Nicolás Maduro”, se lee en el documento.

Según Prociudadanos: “ lo que correspondía era solicitar al Departamento del Tesoro de los EEUU una Orden Ejecutiva, similar a la Orden Ejecutiva 13303 de 2003, dictada por el entonces presidente George W. Bush, para proteger el Fondo para el Desarrollo de Irak, de cualquier demanda o intento de confiscación de sus activos.

Las ordenes ejecutivas son decretos dictados por el presidente de los EEUU, que en este caso hubieran podido bloquear cualquier intento de confiscación a CITGO”. Otra arista de la denuncia incluye una supuesta manipulación e informes manipulados a la Casa Blanca. Según se lee en el documento el 1 de febrero de 2019, hubo sanciones introducidas por la Oficina del Departamento para Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, donde se prohibió la compra de bonos venezolanos.

Esa orden no se extendió a los Bonos 2020. La orden preveía que, de aceptar esa dispensa, Nicolás Maduro podía legalmente excusarse de pagar tales bonos, amparándose en la propia orden del Departamento del Tesoro.

“¿Por qué el Presidente de la Asamblea Nacional, vale preguntarse, estaba tan interesado en que Nicolás Maduro no pudiera excusarse de pagar unos bonos ilegales?”, se pregunta Leocenis García en una denuncia que ha tenido la asesoría de abogados venezolanos y americanos.

“Mientras el Departamento del Tesoro asumía que Maduro era el beneficiario de una prohibición de pago emitida por ella, el Departamento del Estado y la Casa Blanca reconocían a Juan Guaidó como presidente y administrador de esa misma deuda. Parece ser, que los EEUU habían sido confundidos sobre el estatus de Guaidó y de Masduro como podían estar los tenedores de los bonos. Sin embargo este argumento nunca se usó”, remata el documento

Según García la Asamblea Nacional terminó pagando una deuda que nunca autorizó en primer lugar. Al final, terminó pagando 90% del valor de una deuda que, Orden Ejecutiva de por medio, no llegaría al 35% de su valor actual en el mercado, dado la cotización de estos bonos a nivel internacional.

“El movimiento Prociudadanos, una organización sin fines de lucro venezolana, y Leocenis García, individualmente, solicita se instruya a las agencias federales, la investigación de estos hechos, aceptando la jurisdicción, sin cometer omisión a delitos federales, cometidos amparándose en el sistema financiero americano por los ciudadanos venezolanos Nicolas Maduro y Juan Guaidó”, termina la querella.