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Asamblea Nacional aprueba Ley de Propiedad a beneficiarios de la GMVV

La Asamblea Nacional aprobó este jueves una ley que otorga la propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), subsidiado por el Estado, a los beneficiados, una norma ampliamente rechazada por el chavismo.

La ley tiene por objeto regularizar "el otorgamiento de la titularidad del derecho de propiedad plena a los beneficiarios de unidades de vivienda" construidas en el marco de la GMV, según reseña el objeto de la ley publicada por la AN.

La legislación, que fue aprobada en el pleno con el voto de los opositores, que ocupan 109 de los 163 escaños de la Cámara, permitiría a los beneficiados gozar de todos los deberes y derechos de propietarios, algo que, según los opositores, les es negado actualmente.

El chavismo rechazó la ley argumentando que esta norma intenta privatizar un proyecto que fue impulsado por la llamada "revolución bolivariana" y "mercantilizar" el derecho a la vivienda.

El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del chavismo -integrada por 53 parlamentarios-, aseguró que "la verdad" es que lo que se busca "es privatizar el derecho a la vivienda", y llevar "el valor de uso al valor de mercado los terrenos que usa la GMV".

A los argumentos de los oficialistas expuestos a lo largo de un encendido debate que se prolongó por dos días reaccionaron también los opositores asegurando que el chavismo usa las viviendas como una medida de presión para los sectores populares, algo que, dijeron , tendría fin con esta ley.

Los opositores además propusieron y aprobaron "condonar" cualquier deuda que beneficiarios de la GMV puedan tener para obtener su título de propiedad.

El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió a principios del año, en una comparecencia ante la Cámara, que tendrían que derrocarlo para poder aprobar este instrumento legal.

Maduro, para quien estas casas han sido su gran apuesta y que a final de 2015 celebró la construcción de un millón de viviendas subsidiadas, ha recordado que de su gobierno depende la continuidad de las viviendas subsidiadas, al asegurar que, de sancionarse esta ley, se interrumpiría la construcción de nuevas casas.

Esto ocurre en un momento en el que el país caribeño, con un déficit habitacional de más de dos millones de hogares, atraviesa una grave crisis económica, exacerbada por la caída de los precios del petróleo.

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