Análisis: “Nuevo” TSJ no servirá para frenar la investigación de la Fiscalía de la CPI

“La República Bolivariana de Venezuela ha venido adoptando un conjunto de reformas normativas e institucionales para reforzar las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia, conforme a los estándares internacionales en la materia”.

Ese, junto con las condenas que en los últimos meses ha impuesto contra policías y militares señalados de cometer violaciones a los derechos humanos, es uno de los argumentos que la Administración de Nicolás Maduro viene esgrimiendo para tratar de frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abierta, reseña CrónicaUno.

Sin embargo, la designación del “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece que no servirá a ese propósito, pues el organismo en realidad tiene poco de nuevo y tampoco es mucho más independiente que el anterior.

Doce de los 20 magistrados nombrados el pasado día 26; es decir 60 %, ya ocupaban esas posiciones y la totalidad de ellos están alineados con el chavismo, bien sea porque antes ocuparon cargos en los gobiernos de Maduro y antes en el del fallecido Hugo Chávez, porque tienen nexos familiares o afectivos con altos funcionarios públicos o porque han respaldado todas las decisiones que favorecen sus intereses.

Por solo mencionar algunos casos, los reelectos Gladys Gutiérrez, Luis Damiani Bustillos, Calixto Ortega y Lourdes Anderson, desde la Sala Constitucional levantaron el cerco legal que anuló al Parlamento electo en 2015 y que estaba controlado por la oposición.

Por su parte, el ahora miembro de la Sala Electoral, Inocencio Figueroa, a quien algunos identifican como no alineado con el oficialismo, no se sumó a los disidentes y ahora jubilados Marisela Godoy y Danilo Mojica a la hora de denunciar la ilegalidad de la Constituyente de 2017.

Estos elementos hacen que desde el movimiento venezolano de Derechos Humanos consideren que la decisión del Parlamento lo que hace es dar razones para la intervención de La Haya (Países Bajos).

“El Gobierno se metió un tremendo autogol, pero no solo frente a la CPI sino frente a (la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle) Bachelet y también con algunos gobiernos que daban por hecho que se produciría un cambio sustancial en materia de justicia”, afirmó Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

En similares términos se pronunció Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, quien afirmó: “Que pretendan engañar a los venezolanos no es algo nuevo, pero que pretendan hacer ver ante instancias internacionales que este nuevo viejo TSJ sea algo diferente (…) ¿Cómo se puede decir que algo es nuevo con esencialmente lo mismo?”.

Vicios a montón

En la sexta reestructuración que sufre el máximo juzgado. Desde el año 2000 se repitieron muchos de los vicios ocurridos en los procesos anteriores, lo cual no debería sorprender, pues en la reforma que la AN hizo a la Ley Orgánica del TSJ en enero pasado no se atacaron las causas que permitían esto.

Así, el oficialismo se aseguró el control político de las designaciones al reservarse la mayoría de las sillas del Comité de Postulaciones Judiciales, además no se respetaron los lapsos procesales ni se informaron los baremos aplicados a los candidatos ni quiénes fueron objetados ni cómo se resolvieron esos cuestionamientos.

“Estas designaciones son peores que las de los magistrados exprés (de 2015). Son una burla para el ciudadano y demuestra el desprecio que tienen por la Constitución quienes hoy gobiernan”, afirmó la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Para represión

Alvarado consideró que el TSJ recién electo fue diseñado para “radicalizar” las posiciones del chavismo y para “seguir por el camino que vienen transitando: la represión”.

El activista destacó como preocupante la designación como magistrados de los generales (r) Henry Timaure y Juan Carlos Hidalgo. El primero llegó a ocupar la Presidencia de la Corte Marcial durante las olas de protestas de 2014 y de 2017, mientras que el segundo se desempeñó como fiscal general militar en 2009.

Los temores del activista parecen estar fundados, pues en la sesión donde el Parlamento realizó las designaciones de los magistrados, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pareció marcar la senda que seguirá el TSJ.

“Los que han pedido invasiones, los que se han robado los recursos de Venezuela, les llegará la justicia pronto, muy pronto (…) Esperamos que esta nueva magistratura garantice a los venezolanos una gestión inmediata, oportuna y justa”, afirmó.

Habrá que esperar a la próxima intervención de la alta comisionada para conocer si mantiene las palabras que ofreció en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde afirmó: “La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores (…) y pueden conducir a una transformación institucional significativa”.