Análisis: ¿La política de expropiaciones está llegando a su ocaso?
Un elemento característico y común de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela había sido su estrategia para limitar la propiedad privada. Las expropiaciones, de hecho, se asumieron como una política por parte del Estado venezolano, principalmente durante la primera década de los 2000. De hecho, de acuerdo con datos de Transparencia Venezuela, el chavismo ha confiscado al menos 441 empresas.
Algunos ejemplos emblemáticos de expropiaciones que iniciaron con el gobierno de Chávez son el de Agroisleña (que pasó a ser Agropatria), Industrias Diana, Conferry, Lácteos Los Andes, Sidor, Viasa (hoy Conviasa), Fama de América, Sivensa, Hotel Hilton (ahora Hotel Venetur), Hipermercados Éxito, Supermercados Cada, Venoco y Owens-Illinois (OI).
Hay casos como el Banco de Venezuela en los cuales el Estado adquirió, no expropió los activos, pero que sirvieron para que el sector público tomara más espacios de la economía nacional, reseñó Banca y Negocios.
Debido al caso de la Owens-Illinois, empresa estadounidense dedicada a la fabricación de envases de vidrio y cuyas fábricas en Venezuela fueron nacionalizadas por Hugo Chávez en 2010, el Estado venezolano tiene una deuda de 500 millones de dólares.
La decisión fue tomada en 2019 por un tribunal de Washington que determinó que el embargo de la empresa violó las obligaciones de Venezuela en virtud de su tratado de inversión de 1991 con los Países Bajos, y declaró que la filial holandesa de la OI, la cual poseía el 73% de las fábricas en territorio criollo, ganó el laudo arbitral.
La lista de confiscaciones se amplió cuando Maduro asumió el poder y la conforman Clorox, Kellogg’s, Smurfit Kappa, Kimberly-Clark, Coposa, entre otras compañías que incluyen variados sectores de la economía.
En diciembre de 2018, Poderopedia Venezuela realizó un especial titulado "20 empresas, 20 ruinas", que tomó como referencia una investigación de Transparencia Venezuela y de Vendata, y evidenció cómo estas corporaciones que habían sido expropiadas por el Estado se encontraban en bancarrota ante factores como la caída estrepitosa de la producción o la desinversión gubernamental.
No obstante, el giro inesperado de las expropiaciones oficialistas lo constituyen dos aspectos: el paulatino establecimiento de alianzas comerciales con particulares para administrar las empresas estatales y el discreto regreso a manos privadas de las corporaciones que en el pasado incautaron.
Tras más de dos décadas de Gobierno oficialista, tres mandatos presidenciales de Chávez, dos administraciones de Maduro, tres intentos de Referendo Revocatorio, alrededor de 29 procesos electorales, una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un intento de Reforma Constitucional, la extinción del partido MVR y la creación del Psuv, al modelo político venezolano que llegó a Miraflores en 1998 ahora lo ronda la privatización.
De este modo también lo asoma Luis Eduardo Martínez, diputado de la AN y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, quien declaró en entrevista al medio Tal Cual que al menos 50 empresas que fueron tomadas por el gobierno podrían ser devueltas a sus propietarios.
“Son unas 50 compañías, algunas son unidades de producción agropecuaria, pero que son figuras jurídicas. En esa lista estaba el Sambil de la Candelaria y se ha ido gestionando con las instancias del Ejecutivo Nacional y Gobernaciones para adelantar el proceso”, dijo.
El 18 de marzo de 2022, se hizo público que el Centro Comercial Sambil La Candelaria, un establecimiento ubicado en el centro de la capital venezolana, fue devuelto a sus dueños luego de ser expropiado en 2008, poco antes de ser abierto al público.
Días después, el 24 de marzo de este año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) condenó al Estado venezolano a pagar 1.481 millones de euros, equivalentes a 1.640 millones de dólares, por la expropiación de Agroisleña que realizó el gobierno de Chávez en 2010.
De acuerdo con el Ciadi, esas medidas del chavismo constituyen una “violación” del acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela.
Las empresas que llevaron adelante la demanda contra el gobierno venezolano son Agroinsumos Ibero-Americanos, Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, quienes se agruparon como Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
Por su parte, en enero de 2021, el Ministerio de Turismo de Venezuela informó que la administración del Hotel Venetur Mérida fue traspasada a un grupo empresarial liderado por Alex Cabrera, un ex beisbolista venezolano.
En noviembre de 2021, también Transparencia Venezuela publicó un trabajo investigativo titulado “Aliados privados en control de empresas estatales” que señala que al menos 33 empresas propiedad del Estado venezolano han sido objeto de algún tipo de negociación para ser operadas por el sector privado desde mediados de 2015 y hasta finales de 2021.
La investigación cita los casos de Abastos Bicentenario (luego Tiendas Clap, Salva Market, Megasis y Supermercados La Grande); la Industria Azucarera Santa Elena (Corporación Agrologística del Llano 07); Lácteos Los Andes (Venilac); Agropatria (Grupo Agrollano 2910); el Central Azucarero Pío Tamayo (Grupo Veinca), y hasta Pdvsa, que tienen participación privada y cuyos acuerdos se desarrollaron en un marco de opacidad.
