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Amnistía Internacional solicita a la AN legislar en materia de genocidio

Amnistía Internacional Venezuela solicitó este mi a la Asamblea Nacional (AN)  promulgar un código para garantizar que el sistema judicial tenga un marco legal que permita procesar a responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Según un comunicado de la organización, este código también debería facilitar la cooperación con las investigaciones y enjuiciamientos de tribunales extranjeros que traten de recabar información sobre tales crímenes, en caso de haberse perpetrado en Venezuela.

El proyecto lleva por nombre Código de Derecho Penal Internacional (CODEPI) y estaría fundamentado en el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional de La Haya, firmado y ratificado por Venezuela, de manera que existan mecanismos de cooperación para una verdadera justicia internacional, indica la nota.

Entre estos crímenes se encuentran los raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la persecución política, la esclavitud, el traslado forzoso de la población, la prostitución forzada o el apartheid (segregación racial).

El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, resaltó la importancia legislativa que debería tener esta cuestión.

“El artículo 23 de la Constitución reza que los pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno”, explicó Gómez, por lo que instó a la legislación venezolana a adaptarse a los compromisos internacionales.

El CODEPI facultaría a su vez a las policías y al Ministerio Público a crear unidades especiales para que ningún culpable de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad escape de la justicia.

Venezuela, aunque ha definido en su legislación nacional delitos previstos en el derecho internacional como la tortura y las desapariciones forzadas, no ha sido precisa en otros como las ejecuciones extrajudiciales, según AI.

Además, la organización asegura que no hay leyes nacionales que regulen la cooperación de Venezuela con los tribunales o cortes de justicia internacionales, por lo que actualmente es un refugio seguro en potencia para criminales enjuiciados en el extranjero.

Amnistía Internacional afirma que el CODEPI acabaría con las lagunas legales referentes al derecho internacional y establecería responsabilidades individuales y de Estado, ante crímenes que pudieran cometerse.

El CODEPI instituiría la creación de un “Fondo Fiduciario Nacional para la Indemnización de las Víctimas de Crímenes Internacionales y de Graves Abusos de los Derechos Humanos” para hacer cumplir el derecho, consagrado en el artículo 30 de la Constitución venezolana, resalta.

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