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Abogada constitucionalista: Juan Guaidó debe ser detenido por cometer delito flagrante

La profesional del Derecho aseguró que el presidente de la AN "no tiene pueblo ni Fuerzas Armadas ni sentido común para un Golpe de Estado pero es parte de una trama peligrosa internacional contra la Nación"

La abogada constitucionalista Olga Álvarez se pronunció en torno al pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien dijo durante un cabildo abierto realizado en Caracas que el parlamento venezolano asume las competencias del Ejecutivo Nacional.

Guaidó mencionó que invocaba los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional, sobre "la falta absoluta del presidente electo, la convocatoria a elecciones en 30 días y la asunción de la presidencia de la República por parte del presidente de la AN", en el caso del primero; "que la Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella", en el caso del segundo, y el desconocimiento de “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o derechos humanos", en el caso del tercero.

Cometió un delito flagrante contra la forma republicana, inmediatamente debe ser detenido Juan Guaidó y puesto a las órdenes de la autoridad competente ! Ya basta! Es delito contra la Seguridad de la Nación artículo 128 y siguientes del Código penal, aseveró Álvarez en el Twitter.

Indicó que Guaidó "no tiene pueblo ni Fuerzas Armadas ni sentido común para un Golpe de Estado pero es parte de una trama peligrosa internacional contra la Nación".

La profesional del Derecho participó este viernes en el programa Vladimir a la Una, que transmite Globovisión.

Olga Álvarez declaró que la directiva electa por diputados de la AN el pasado 5 de enero no tiene legitimidad, porque "quien la designa estaba en desacato", al referirse al resto de los parlamentarios que votaron por ellos.

El cuerpo legislativo desobedece una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), referida a una suspensión. Todos los actos están viciados de nulidad absoluta, advirtió la jurista.

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