Abogada: Bachelet y Misión de la ONU desmontan fachada del gobierno sobre DD. HH.

La Alta Comisionada para los DD. HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó el pasado jueves 17 de marzo su actualización oral del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, en el que precisó que continúan las restricciones al espacio cívico democrática, incluidas las amenazas y estigmatización de medios de comunicación y activistas de derechos humanos.

Al mismo tiempo indicó que acciones como la firma de un memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es otra oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso en la lucha contra la impunidad, y que la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores, reseñó Tal Cual.

La acción de la Alta Comisionada fue seguida el viernes 18 del mismo mes con la actualización del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que calificó a la reforma legal del sistema de justicia como insuficiente por sí sola e hizo observaciones al aumento de la influencia política sobre el Poder Judicial, especialmente en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Para la abogada Sara Fernández, coordinadora de incidencias del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ambas actualizaciones son importantes, no solo por seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela, sino para documentar los distintos casos de violaciones graves a los mismos de caras a futuros procesos judiciales, bien sea de la Corte Penal Internacional, como de un sistema de Justicia nacional efectivamente reformado.

"El balance de las actualizaciones de los informes de la Alta Comisionada y de la Misión es que ambos son positivos. Del informe de la Alta Comisionada hay que destacar el hecho de que necesita estar en el terreno y que ha conseguido mecanismos de cooperación por parte del Estado, lo que la lleva a suavizar sus declaraciones. Es lo que hemos visto en anteriores oportunidades. No hay detalles sobre en qué medida esos avances generan cambio, algo que sí se vio muy resaltado en el de la Misión de Determinación de Hechos", expresa la profesional del derecho.

En su opinión, hay muchísimas cosas a rescatar y, en primer lugar, que la actualización fue bastante compleja, con referencia a desafíos en cuanto al debido proceso y al juicio sin demora de los detenidos por razones políticas.

"Aunque la alta comisionada dijo que se habían liberado algunas personas por las cuales habían hecho algún tipo de comunicación, dijo que había datos alarmantes, con seis personas (que siguen detenidas) con boleta de excarcelación, y 22 a las que se pidió liberación luego del plazo para la detención preventiva", asegura Sara Fernández.

Restricciones a la sociedad civil y persecución

Añade que Bachelet también hizo referencias a restricciones a la sociedad civil, la estigmatización de defensores de derechos humanos, cierres de medios, y a que se viene ejerciendo persecución a distintos sectores de la sociedad civil.

"Otro elemento positivo es la mención expresa a la falta de información pública. Está en la raíz de muchos de los problemas porque no se puede conseguir acceso a la justicia. En ese marco mencionó directamente el caso de Javier Tarazona que representa un patrón de persecución por parte del Estado", menciona.

Resalta de igual manera que, en esta ocasión, la Alta Comisionada hizo referencia expresa a grupos armados no estatales en la frontera con Colombia y regiones mineras. Hizo mención específica a enfrentamientos en Apure. Es positivo que se reconozca la existencia de estos grupos.

Impunidad estructural

Con respecto a la actualización de la Comisión de Determinación de Hechos, considera que lo más importante a rescatar es el análisis preciso y detallado de lo que el gobierno ha intentado vender como gran progreso en reestructuración del Poder Judicial y el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

"La presidenta de la misión, Marta Valiñas, admitió que hay un problema estructural de impunidad e indicó qué se puede hacer para atacarlo. Señaló que recomendaciones específicas, como la creación de una comisión de reparación para las víctimas, se hace, pero no se le otorgan poderes suficientes para representar a las víctimas, además de que esta comisión tendría siete miembros nombrados por la Asamblea Nacional, lo que representaría un grave sesgo y afectación de la parcialidad", dice.

Destaca Sara Fernández que el pronunciamiento de la Comisión indica que, aunque existió un decreto presidencial que exigió el traslado de presos que se encontraban en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), muchos siguen detenidos en esos lugares.

"Actualmente, con la cooperación de la Oficina de la Alta Comisionada en el terreno y la firma del acuerdo con la Corte Penal Internacional, el gobierno ha dado la imagen de que está llevando a cabo reformas para que la justicia internacional no tenga competencia en la medida que demuestren que son solo fachada y no una investigación sistemática de los hechos, es un desmontaje de la narrativa institucional”, explica.