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¿Y la Constitución?, por Luis Fuenmayor Toro

Hace mucho tiempo que el quehacer oficial se divorció de la Constitución aprobada en 1999. La vaguada que acompañó aquel referéndum podría hoy ser interpretada, por creyentes en cosas sobrenaturales, como la admonición de la naturaleza contra el pueblo que votaba mayoritariamente su aprobación. Hoy, lo que sí podemos afirmar es que no fue el texto constitucional el responsable de la debacle, por el contrario, fue el abandono y la violación consuetudinaria del mismo lo que nos tiene en el estado deplorable en que estamos.

Pero hasta hoy, el Gobierno en su discurso presentaba la Constitución como su guía: “Dentro de ella todo, fuera de ella nada”, era su consigna pese a que con sus ejecutorias negara su mentiroso discurso. Y eso fue así hasta diciembre pasado, cuando los votos del soberano le propinaran una gran derrota a sus políticas y a sus ejecutores, lo que les hizo perder todas las mayorías en la Asamblea Nacional, ayudado este resultado por el sistema electoral de tipo mayoritario creado inconstitucionalmente por ellos mismos en 2009.

Esa derrota estimuló la necesidad de terminar con la mascarada cojitranca mantenida todos estos años: la de que este era un Estado democrático, constitucional, participativo, alternativo y plural, y que sus órganos emanaban mediante el sufragio de la voluntad popular, a la cual estaban además sometidos. Voceros del Gobierno han declarado cínicamente que “no se puede hacer elecciones para perderlas”, o sea que el chavecismo es democrático mientras gane todas las elecciones, pero si las pierde deja de serlo y suspende, retarda o elimina todo proceso electoral peligroso.

Muy parecida a la del golpe de Carmona, quien derogó la Constitución con el apoyo de una parte de la Fanb. Maduro hoy, con el alto mando, la deroga al desacatar el mandato nada menos que del Título I de la Carta Magna. A favor de Carmona está el hecho de que lo hizo con una gigantesca manifestación en la calle, donde se pronunciaron contra la permanencia de Chávez; hoy, el Gobierno no es capaz de concentrar ni siquiera 5 mil personas, a pesar de la obligación de los empleados públicos de asistir a todos los actos que convoca.

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