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Venezuela y la Carta Democrática Interamericana, por Hugo Cabezas

Desde el 11 de septiembre del año 2001, fecha en que se aprobó la Carta Democrática Interamericana (CDI), en Lima, Perú, el oposicionismo venezolano está solicitando se aplique dicho instrumento contra el Gobierno revolucionario de Venezuela. La perseverancia con que se ha mantenido frente a tal despropósito demuestra el poco valor y respeto que le otorgan a los principios de soberanía nacional y libre determinación de los pueblos. En esta oportunidad, a diferencia de anteriores, dicha solicitud cuenta con el apoyo explícito del Gobierno de los Estados Unidos y del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Apoyos que constatan nuestra afirmación de que el proceso de desestabilización a que ha sido sometida la democracia venezolana durante estos diecisiete años, ha contado con el aval irrestricto de los gobiernos estadounidenses, a través de los departamentos de Estado y de Defensa.

Al respecto, bien vale la pena preguntarse: ¿es que acaso el Gobierno de los Estados Unidos no conoce los alcances y limitaciones de la CDI? ¿Es que acaso no saben ellos que la misma es una Resolución? Por supuesto que lo saben. Como saben igualmente, que la CDI es un instrumento hemisférico de carácter político, no jurídico.

Como saben también que la CDI no puede estar por encima, en sus atribuciones, de la Carta de la OEA, que si es un Tratado. Y, como es conocido, en Derecho Internacional, las resoluciones y declaraciones son “acuerdos de voluntades”, no vinculantes. Mientras que, un Tratado es un “pacta sunt servanda”, lo “pactado obliga”, tal como está establecido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Pues bien, lo planteado entonces no puede verse como problema jurídico, sino como un problema político.

Desde el año 2002, los gobiernos estadounidenses vienen implementando, como estrategia geopolítica para dominar el universo, la doctrina de Seguridad Nacional; para lo cual han recurrido, y recurrirán, al método que sea necesario, con tal de garantizar su hegemonía y eliminar cualquier obstáculo que ponga en riesgo dicho objetivo.

Por ello, el Decreto Obama y la intención de “aplicarle” a Venezuela la CDI, son la evidencia indubitable de su sistemática política injerencista.

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