Una Constituyente innecesaria, por Jorge Sánchez Meleán
Un pueblo o nación, entendida esta como la unidad política de aquel con capacidad de obrar, solo en momentos históricos muy especiales, apela a ese poder que se encuentra siempre latente en toda Constitución, al lado de los poderes clásicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial: el poder Constituyente. Se acude a él, cuando se requiere cambiar la naturaleza de un tipo de Estado, que después de estar en vigencia durante mucho tiempo, ya es inadecuado para enfrentar nuevos objetivos de interés colectivo. Por ello, ningún país serio se embarca en un proceso constituyente porque una crisis política, económica y social ponga de mani esto el fracaso de las políticas públicas de un gobierno durante casi dos décadas, como es el caso de Venezuela. De ese fracaso no es culpable el modelo de Estado que tenemos sino la incapacidad de los gobernantes.
Sin ir muy lejos en nuestra historia, la Constitución de 1961 gozó de consenso generalizado, porque se requería dejar atrás de nitivamente al Estado Autocrático Centralizado que teníamos desde 1901. Por ello, esa Constitución tuvo vigencia durante 38 años, puso las bases de nuestra democracia e impulsó el avance económico-social innegable que experimentamos en la segunda parte del sigloXX. En 1999 también hubo amplio acuerdo, que venía gestándose desde principios de los años noventa, en la necesidad de adecuar la Carta Magna a los nuevos tiempos, para ir hacia un Estado más democrático, descentralizado y participativo.
La Constitución de 1999 avanzó en tal sentido y aunque no es perfecta, se adecua a los retos básicos del siglo XXI. Fue aprobada en referéndum por el pueblo, en diciembre de 1999 y ratificada por esa misma vía en 2007. Solo han transcurrido 18 años desde su aprobación y 10 desde su ratificación. Es aún un texto poco respetado y muy violado.
Nuestra crisis actual por ello, en buena medida, es la consecuencia de la violación reiterada de esa Constitución, que el régimen ha sustituido por una Constitución sociológica, no escrita, al decir de García Pelayo, de franca inspiración marxista. En consecuencia, el gran reto del país no es cambiar la Constitución de 1999, sino cumplirla, para rescatar la democracia, restablecer el orden constitucional y en general, al Estado de Derecho vulnerado. Por ello, en esta Venezuela convulsionada por la ineficiencia e incapacidad de un régimen en franca minoría, plantearse una Asamblea Constituyente, sin ningún apoyo popular, es algo innecesario e inconveniente.
El 80 por ciento del país la rechaza. Es un irrespeto al pueblo venezolano, pues se le pretende despojar del poder Constituyente del que es el único depositario, para ponerlo al servicio de los intereses políticos de una minoría, que no se atreve a someterse al voto popular en ninguna instancia. Apelar al poder Constituyente de manera fraudulenta, dejando a la nación como un convidado de piedra, solo puede tener como propósito la creación de un Estado antidemocrático y omnipotente de inspiración marxista-castrista, verdadero retroceso en nuestro devenir histórico. Y eso es simplemente un episodio más en el golpe de Estado continuado que experimentamos en Venezuela, que este bravo pueblo no está dispuesto a aceptar. Por eso ya está en las calles.
