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¿Soberanía privatizada?, por Ramón Guillermo Aveledo

La actuación visible y el discurso constante de los personeros de los poderes Ejecutivo y Electoral, así como de los voceros políticos del partido de gobierno, frecuentemente confundido con el aparato estatal a pesar de la claridad constitucional al respecto, están dirigidos consistentemente a hacernos creer falsamente que el ejercicio del derecho consagrado en los artículos 70 y 72 de la Constitución de Venezuela es un acto subversivo, que atenta contra la estabilidad de las instituciones, que amenaza la paz y la democracia.

Con este razonamiento, cada vez menos disimulado, se pretende justificar un supuesto derecho e incluso un pretendido deber a hacer lo que sea, cuanto sea y como sea, para impedirlo, como si se tratara de un acto de legítima defensa.

La lamentable y tendenciosa intervención en transmisión nacional de radio y televisión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral es otra muestra, melodramática, patética, de la privatización del Estado por parte de un pequeño grupo que identifica sus intereses personales y partidistas con los del pueblo venezolano y la Nación entera.

Esta desviación, que tanto daño ha producido a la República en errores sin rectificación, en empobrecimiento institucional, económico y social, en arbitrariedad y abuso de poder, es precisamente lo que una mayoría clara de nosotros busca superar por la vía pací ca, democrática, constitucional y electoral del Referendo Revocatorio Presidencial que, por encima de esa tenaz e ilegítima resistencia, se ha puesto en marcha.

Empezó con una verdad y destinó hora y pico a desvirtuarla. Nuestro sistema político está centrado en los ciudadanos y las ciudadanas. La soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo” dice el artículo 3 y el 6 que nuestro gobierno es y será “democrático, representativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. El citado 70 se re ere a los medios para ejercer sus derechos a la “participación y protagonismo”, para garantizar los cuales, como bien dijera la funcionaria “se estableció el Poder Electoral”. Para garantizarlos señora rectora, no para enervarlos, obstaculizarlos, ni mucho menos impedirlos. Como si la soberanía perteneciera privativamente a sus guardianes, los funcionarios de la minoría popular que es mayoritaria en los órganos estatales, y no a sus titulares, que son los ciudadanos venezolanos.

 

 

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