Simón García // ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional?
El domingo 5 ocurrió lo que ha debido evitarse: un choque frontal con el gobierno en el único espacio institucional dirigido por la oposición. Estaba cantado que el oficialismo vendría a imponer el poder dual en el ámbito legislativo y también que, para reducirlo o impedirlo, había que propiciar los mayores entendimientos, incluidos opositores disidentes, diputados descontentos y la fracción del PSUV. No se puso empeño y nos topamos con una AN con dos directivas.
Los números pasan ahora por una confusión. No conviene judicializar ese debate, menos dándole cartas a un TSJ que ha sentenciado más de cien veces contra la AN. En la nueva realidad habrá que bregar tomando en cuenta la conocida definición de Max Weber sobre el poder: "Cualquier probabilidad de imponer la propia voluntad contra resistencias" de otros actores. Y tener conductas alternas al todo o nada, cuando valoremos que carecemos de ese poder.
Para esclarecer la legalidad del nombramiento de la directiva en pugna y determinar cuál es la legítima hay que emplear medios políticos, no tribunales. En la opinión pública está claro que se alteró la naturaleza democrática de la sesión inicial: desde la denuncia sobre sobornos, materializados o no; la visible intimidación policial y el abuso de ordenar a la GN a que actuara como Comisión de Revisión de Credenciales para calificar, armas al cinto, el derecho a votar de los diputados.
Aunque no se lo admita, la oposición subestimó nuevamente al régimen y procedió como si enfrentara una elección normal. En su radar no parece haber existido el escenario de las jugadas violentas y al margen del Reglamento interno de la AN.
Es lógico sostener que la AN está donde sesionen 84 de sus integrantes. El propio diputado Parra ha confesado que está por debajo de ese número. Una sencilla verificación nominal de las cuentas de unos y otros, bastaría para esclarecer quién debe presidir la AN.
Pero más allá de esas distracciones con los números, la llamada operación alacrán dirige su aguijón a otros resultados. Tres en especial: Primero, estimular la conducta extremista en sectores del G4, bloqueando la exigencia de efectuar una rectificación en un mantra que no arroja logros a la lucha por el cambio. Segundo, empujar a la oposición a repetir el suicidio abstencionista de 2005. Tercero, lograr el control absoluto de todos los poderes públicos para reforzar el plan de perpetuar a Maduro en el poder.
El antídoto para la picada de alacrán es conocido: la mayoría debe asegurar que la AN sea el espacio de diálogos y entendimientos, dejar la línea de la confrontación ilimitada y las exclusiones, ejercida incluso contra partidos de la oposición democrática que participan en la mesa de diálogo nacional. Esos partidos promueven otra política, como en otro sentido lo hace también María Corina Machado, pero ninguno debería ser tratado como enemigo.
Sin entendimiento no habrá transición y sin transición pacífica y constitucional no habrá reconstrucción estable del país. Para recobrar credibilidad en el liderazgo y fortalecer a los partidos hay que cambiar la política.
Guaidó dio un paso importante al solicitar su liberación de disciplina partidista. Importante, pero insuficiente. Ahora debe formular ante el país la nueva estrategia con calle y votos. Millones de votos para ir a las dos elecciones pendientes y abrir un período de transición que reconquiste la democracia, reconstruya la economía y saque a la mayoría de la población del infierno social que la consume.
