El diario plural del Zulia

Reyber Parra Contreras | En defensa del Esequibo

El Esequibo es un territorio que pertenece a Venezuela por sobradas razones históricas y jurídicas. No obstante, un arbitraje ilegal y viciado en su procedimiento, hizo que a nuestro país se le despojara de su auténtico límite oriental: el río Esequibo. El Laudo de París del año 1899 fue un pacto de potencias, encabezado por Inglaterra, donde no se respetó la verdad acerca de los legítimos títulos y derechos de Venezuela sobre dicho territorio.

En aquellas circunstancias, Venezuela se encontraba sumida en una profunda crisis estructural, signada por la desestabilización e ingobernabilidad, todo lo cual le condicionó negativamente a la hora de reivindicar su soberanía y ofrecer resistencia a las pretensiones del Reino Unido. La dirigencia venezolana no tuvo la fortaleza necesaria para evitar la irregular composición del Tribunal de París, y el 03 de octubre de 1899 se le arrebataría a Venezuela cerca de 150.000 km2 de territorio, por medio de una sentencia totalmente alejada de los principios básicos del Derecho Internacional Público.  

Posteriormente, en 1962, la diplomacia venezolana denunció ante Naciones Unidas el carácter fraudulento del laudo, lo que condujo al Acuerdo de Ginebra, de fecha 17 de febrero de 1966, con el cual se avanzó significativamente en la lucha por invalidar el Laudo de París y todo cuanto los ingleses hicieron -desde los días de nuestra Independencia-, para ocupar en forma ilegal el territorio Esequibo. En este documento, suscrito por los representantes de Venezuela, Reino Unido y la naciente Guyana Inglesa, las partes reconocen que sigue pendiente una solución definitiva al diferendo limítrofe y, en consecuencia, se comprometen a procurar un arreglo práctico con el acompañamiento del Secretario General de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, una vez lograda su independencia, Guyana no se interesó por la negociación como vía para dirimir la controversia; mientras que Venezuela si lo ha hecho, con la intención de evitar otro arbitraje fraudulento. 

En efecto, la incapacidad de las partes para llegar a una solución definitiva, propició que el 30 de enero de 2018, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres -a solicitud de Guyana y sin el consentimiento de Venezuela- tomase la decisión de enviar la controversia sobre el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela, mediante acuerdo del 06 de febrero de 2018. La presencia de trasnacionales petroleras en el Territorio Esequibo, en alianza con Guyana, ha colocado la controversia limítrofe en otro nivel, donde está en juego el control de inmensos recursos minerales. 

Actualmente, Venezuela ha intentado infructuosamente detener el arbitraje de La Haya. Parece inevitable su comparecencia en este tribunal que se ha propuesto determinar la validez del Laudo de París. Ante este escenario, es necesario aprender de los errores del pasado y definir una estrategia que evite una sentencia injusta y desfavorable al interés nacional. En consecuencia, no se puede abordar el tema con sesgo partidista: no se trata de un asunto exclusivo del gobierno central, es un asunto de todos los venezolanos, y por lo tanto conviene que se asuma desde un amplio consenso nacional. De ahí que la estrategia en cuestión debe nacer de la consulta a las instituciones y personalidades del país que posean amplios conocimientos sobre la materia, procurando escuchar todas las voces a fin de trazar las líneas de acción que se requieren en este momento. 

La prosecución de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso del Esequibo, sólo puede mantenerse si el país dispone en forma tangible de las evidencias que dan cuenta del carácter fraudulento del Laudo de París; con esto no ponemos en duda la nulidad de aquel arbitraje, pero si llamamos la atención acerca de la impostergable sistematización de los documentos y testimonios que demuestran las irregularidades que se cometieron desde el Tratado de Washington en 1897, hasta la sentencia arbitral de 1899. En efecto, por décadas no hemos sido diligentes a la hora de sustanciar el itinerario de este despojo; desde hace mucho tiempo ha debido implementarse una política de Estado que apunte a la compilación y organización de las evidencias sobre la emboscada que supuso para Venezuela el Laudo de París. De igual manera, debería tenerse a disposición, con los debidos trámites legales, toda la documentación histórica que valida la titularidad de Venezuela sobre el territorio Esequibo.

Por lo tanto, nuestra mejor defensa del Esequibo es aquella que se aleja de la improvisación y se centra en procurar la unidad nacional, a fin de sumar a todos nuestros talentos en la consecución de objetivos primordiales, como es el caso de la identificación, compilación y exposición de las evidencias que sustentan la legítima reivindicación de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, y que a su vez permiten denunciar el expansionismo territorial de los ingleses. Logrado este objetivo, estaremos en condiciones de defender dignamente el extremo oriental de la patria en la CIJ y en cualquier otro escenario.

 

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