Reflexión por los pueblos indígenas, Rubia Luzardo
El pasado martes 9 agosto el mundo celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, originado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta fecha nos recuerda el día en que se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos a nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hace más de 23 años.
Desde entonces, dos decenios han transcurrido en los que la cooperación internacional para la resolución de problemas que continúan enfrentando los pueblos indígenas a nivel de sus territorios, ambiente, desarrollo, educación y salud, siga sin avanzar más allá de los compromisos suscritos por los Estados.
Particularmente, el Estado Venezolano ha incumplido dichos compromisos con los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, la gura de la consulta previa establecida como instrumento jurídico para la protección de los derechos al territorio que gozan los nativos, nunca se ha implementado en el país luego de los derechos reconocidos constitucionalmente y, contrariamente, los gobernantes han tomado decisiones que afectan gravemente el modo de vida tradicional.
Como casos emblemáticos podemos nombrar la militarización de la Guajira Venezolana, constituida a través del Decreto del Distrito militar en el gobierno de Hugo Chávez Frías como medida emergente para atender las necesidades originadas por las inundaciones del 2010 en dicha zona. Tal decisión se tomó de manera inconsulta y no se aplicó seguimiento y evaluación de la misma acarreando abusos y violación sistemática de los Derechos Humanos.
Asimismo, la medida de cierre fronterizo en el Zulia tomada en el gobierno de Nicolás Maduro, no se consideró la afectación directa del pueblo wayuu que se encuentra diseminado en territorio colombiano y venezolano, y tampoco hubo la consulta previa debida, ni en este caso ni en otras regiones con presencia étnica.
Otro caso para denunciar, es la política de explotación minera en sur del país, la misma representa actualmente el proyecto bandera del Gobierno Venezolano, en este caso la consulta previa, consiste en informar y dar a conocer el impacto ambiental de la propuesta. Y ello se ha ignorado totalmente, es decir, el Gobierno no atendió su obligación de consultar a estas poblaciones sobre la explotación minera en sus territorios y hábitat naturales, contrariamente impuso el Arco minero, afectando directamente el modo de vida tradicional de los pueblos Mapoyo, Eñepa, Kariña, Yekuana, Sanepa, Pemón, entre otros. Como reflexión, consideramos oportuno recordar al Estado su deber en garantizar el respeto de los derechos constitucionales de los pueblos originarios como núcleos que resguardan elementos que son patrimonio de la humanidad.
