Ramón Guillermo Aveledo // Violencia contra la mujer, ¡basta!
¡Basta! Ha dicho Oxfam.
El 25 de noviembre fue el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el mes naranja, dedicado a este mal indignante en el marco que adquiere relieve mundial de los derechos de la mujer, cuyas implicaciones sociales, políticas, económicas, éticas constituyen para nosotros una problemática radical de Dignidad de la Persona y por lo tanto de Derechos Humanos al afectar a toda la sociedad y no sólo a quienes sufren desigualdad y diversas formas de violencia o exclusión.
Tan es así que el origen de la dedicatoria de esta jornada es el asesinato en 1960 de las Hermanas Mirabal por agentes de la tiranía trujillista en República Dominicana. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de todos. Y no es problema extranjero ni una moda. Es un drama permanente y actual y también un problema venezolano.
Recientemente Cepaz informa de treinta feminicidios consumados y once frustrados en Venezuela durante 2021. Hace poco, en octubre, veintitrés jugadoras de la vinotinto femenina de futbol, encabezadas por Deyna Castellanos, denunciaron en carta pública estupro por parte del ex entrenador de la selección.
DW, la televisora alemana, nos muestra que con la pandemia ha aumentado la violencia de género. Cada 50 minutos muere una mujer en el planeta por esta causa. En mayo de este año, la Red Naranja que agrupa a 101 organizaciones, pide “Escuchar a las víctimas y no re-victimizarlas con juicios de valor”.
Aquí, el Estado venezolano debe cumplir sus compromisos con la dignidad humana, garantizados por la Constitución y acordados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vergonzosamente denunciada por el gobierno en 2012; la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en Belém do Pará en 1996. Y cumplir y hacer cumplir, como juran ritualmente los funcionarios al asumir sus responsabilidades, con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007.
La vida continúa. Nos toca seguir empeñados en que la agenda pública asuma y el liderazgo dé respuestas a los temas sociales relevantes. En la política, claro, pero también en la economía y el trabajo, en el funcionamiento institucional y los problemas específicos de todos los sectores. Porque la justicia es componente, con la libertad y la prosperidad, de la armonía social.
