El diario plural del Zulia
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Radiografía de una infamia, por María Guadalupe Núñez

En 1971, fue publicado un libro del fi lósofo argentino Risieri Frondizi, en el cual escribió: “Un ojo experto puede evaluar la naturaleza, calidad y orientación de una universidad con la simple lectura del presupuesto: es la radiografía de la institución”. Coincido con Frondizi, la cuestión presupuestaria y financiera de la universidad autónoma irriga todo el quehacer institucional, fundamentalmente a la academia; de allí que “revela las grandes directivas (…) sus preferencias por la investigación o la docencia (…) y otras importantes cuestiones que rebasan por completo el aspecto financiero”. Innumerables veces he planteado este asunto y denunciado las prácticas gubernamentales para convertir a las universidades en liceos grandes, porque en esas condiciones es muy difícil hacer investigación.

A propósito del nuevo rumbo en las relaciones Universidad- AN, es pertinente rescatar la esencia de la vigente Ley de Universidades, en particular lo referente a los artículos 9 y 14, sobre la autonomía universitaria y el manejo de su patrimonio, y el 109 constitucional, cuya sistemática violación se acentuará con el “Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas” que rige a todos los órganos y demás entes de la administración pública, pues se pretende que el último resquicio que nos queda de autonomía sea entregado al gobierno, obviando la responsabilidad y transparencia con que se maneja el insuficiente presupuesto.

No se trata de un capricho y, por eso, entre otras razones, este 18 y 19 de febrero estaremos realizando en Caracas un Núcleo de Vicerrectores Administrativos para hacer un análisis financiero de las instituciones y establecer una acción común que permita entregar las conclusiones a la AN, pues el presupuesto ordinario está planificado hasta marzo y algunas partidas se agotarán en abril, con el agravante de que el gobierno no ha cumplido con el cronograma
de desembolsos para gastos de funcionamiento y en su lugar está solicitando información sobre las necesidades de bienes y servicios. La aplicación de las compras centralizadas es un hecho.

La universidad, que no tiene cortapisas para denunciar las infamias en su contra, requiere que los diferentes sectores de la universidad despertemos del letargo y de manera responsable nos integremos en un esfuerzo común para garantizar los recursos institucionales, pensando, así mismo, en el devenir de los sueldos pues el deterioro de la capacidad de compra es abrumador y acelerado. La Averu anunció acciones legales para exigir la nulidad del decreto de las compras centralizadas.

 

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