¿Quién gobierna en la subregión Guajira? por Rubia Luzardo
Otro hecho de violencia se suscitó en la subregión Guajira, en esta oportunidad le tocó al municipio Mara, específicamente en el sector Molinete de la parroquia Luis de Vicente, el cual dejó como saldo una persona fallecida y varios lesionados por la fuerza excesiva de los efectivos militares que llevan el control en la zona.
El patrón se repite en los diferentes acontecimientos ocurridos en los últimos años en la frontera, primero se dispara y luego se averigua quién es la víctima, mostrando una falta de respeto al derecho a la vida y dignidad de la persona humana en la zona.
Por su parte, las organizaciones civiles de Derechos Humanos, llevan un registro aproximado de casi 30 personas fallecidas y otras lesionadas de forma grave y hasta hechos de tortura se han denunciado, responsabilizando directamente a los cuerpos castrenses. Según estos actores la impunidad es la principal arma para que continúen este tipo de abusos.
No obstante, la ciudadanía está cansada y le envió un mensaje contundente a los cuerpos castrenses el pasado sábado 16 abril, en la comunidad de Carrasquero, cuando expresaron: “No todo el tiempo van a abusar de nosotros”.
Precisamente en el momento que no le permitieron a los funcionarios militares, colocar en un lado de la víctima 1 bulto de arroz y 1 harina de maíz, para justificar que producto del enfrentamiento con “bachaqueros” ocurrió el deceso.
Entonces nos preguntamos ¿quién gobierna en la subregión Guajira? ¿Por qué los alcaldes electos popularmente no elevan su voz de protesta con estas acciones? ¿Dónde están los representantes por esta zona del poder legislativo regional y nacional? ¿Qué hace el sistema de justicia para proteger los derechos vulnerados de los pobladores de Carrasquero? ¿Acaso ya se activó la investigación del Ministerio Público para conocer los hechos? Son acaso los cuerpos castrenses el único gobierno en frontera.
La Constitución nacional establece en el artículo 29 que “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra derechos humanos cometidos por sus autoridades”.
En este caso, aclaramos que no estamos de acuerdo con las actividades ilícitas del contrabando, pero tampoco en la lucha contra este fl agelo se van a vulnerar los derechos de personas inocentes como lo era la persona que falleció el pasado sábado, la cual se encontraba haciendo labores de mantenimiento a un aire acondicionado y recibió una bala que cegó sus sueños, su vida y sus derechos. Hay un clamor popular de justicia. Abogamos también por ella y por la sana convivencia entre los pobladores de la subregión Guajira y las autoridades militares que a mi modo de ver no tienen todo el poder otorgado por el Estado según el ordenamiento jurídico venezolano.
