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El presupuesto que no es por Nicmer Evans

Parto del principio de que el presidente Maduro tiene razón, sí, no se sorprenda. En la actualidad se ve en la obligación ineludible de hacer una consulta legal y legítima al TSJ, ya que mientras la AN se mantenga en “rebeldía”, todas las leyes y actos del Parlamento resultarán inconstitucionales y, por ende, nulos. Así lo expresó la Sala del TSJ a través de la sentencia N° 808, publicada el lunes 5 de septiembre.

La incorporación en la Asamblea Nacional de los diputados del Amazonas posterior a su desincorporación aceptada por la misma institución, producto de la denuncia de irregularidades en el proceso electoral que pudieron afectar el resultado de la designación de los diputados en el estado, es consecuencia de la sentencia 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, que ordenó de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del CNE respecto de los candidatos electos por voto uninominal, lista y representación indígena en el proceso del 6 de diciembre de 2015 en Amazonas para la elección de diputados a la AN.

Siendo que estas sentencias existen, y entendiendo que el presupuesto formulado por el Poder Ejecutivo debe ser presentado, según la Constitución en su artículo 313 a la AN, si esta está declarada en desacato o “rebeldía”, entonces cabe la pregunta de ¿A quién, para cumplir la Constitución, debe el Poder Ejecutivo presentar el presupuesto? Mi ignorancia técnica sobre el tema me conduce a deducir que quien tiene la atribución, producto del desacato decretado, de aprobar el presupuesto nacional mientras se resuelva esta situación, es el mismo TSJ, por lo que todo argumento politiquero de una consulta popular del presupuesto, termina siendo gamelote.

Sin embargo, el fondo real no es un problema jurídico sino electoral. El hecho de que 10 meses después del cuestionamiento al proceso del 6D en Amazonas se tenga a dicho territorio sin representación en la AN, sin convocar a nuevas elecciones que permitirían solventar dudas, sin contar con el cuestionamiento que implica esto al Poder Electoral, sumando además a que esta cantidad de diputados del Amazonas determina la posibilidad de que la oposición controle los dos tercios de la AN, lo que demuestra es que Maduro se ajusta al derecho que le asiste, pero este derecho tiene un origen irregular, ilegal, ilegítimo e inconstitucional, que pervierte cualquier sentido común en la resolución de conflictos de este tipo, y que no es jurídico sino electoral. Al final del cuento, no tendremos presupuesto aprobado por la AN porque el CNE no ha realizado nuevas elecciones en Amazonas, partiendo del principio de creer que hubo irregularidades en el proceso electoral, cosa que compromete la capacidad del Poder Electoral, y al TSJ, ya que no se han determinado responsabilidades de los hechos denunciados.

 

 

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